La crisis económica, social y política se agudiza cada día más en Venezuela, y esta semana un choque entre el Supremo y el Parlamento es una muestra más de la misma. Esto, a parte de las movilizaciones de la oposición del pasado miércoles en todas las oficinas regionales del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se exigió las condiciones para la recolección del 20% de las firmas para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.
El Parlamento venezolano, controlado por opositores al Gobierno, se declaró en desacato al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) luego de que éste declarara la nulidad de todos los actos del Legislativo por el desconocimiento a una sentencia anterior.
Una sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, interprete de la Constitución venezolana, declaró que resultan «inconstitucionales» y, por ende, «absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica», los actos del Parlamento, «mientras se mantenga el desacato» a la Sala Electoral del TSJ.
La decisión provocó la reacción del presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup, que respondió con reciprocidad, asegurando que el Poder Legislativo desconoce también al Poder Judicial.
Ramos Allup señaló que la AN considera que el Poder Judicial carece de legitimidad al haber sido nombrado por el chavismo en un procedimiento que, asegura la oposición, fue irregular.
El pasado jueves 28 de julio, la Asamblea Nacional de Venezuela incorporó a 3 diputados opositores que fueron suspendidos en diciembre por el Tribunal Supremo de Justicia, acusado por la oposición de servir al gobierno, por supuestas irregularidades en su elección.
Los representantes del Gobierno que recurrieron ante el Tribunal aducen que en esa jurisdicción se cometieron actos de coacción y compra del voto por parte del mandatario regional, Liborio Guarulla, de la oposición.
Entonces, contradiciendo la decisión del máximo tribunal de Venezuela, la mayoría opositora del Congreso incorporó, el pasado jueves 28 de julio, a Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, del estado sureño de Amazonas, que habían sido suspendidos.
Por esta razón, el TSJ ratificó la nulidad de todas las decisiones de la Asamblea Nacional si la mayoría opositora insistía en desconocer la acción que apartó a tres de sus diputados. Este fue el fallo emitido el pasado viernes y difundido este martes.
Esta confrontación se desarrolló mientras la oposición de volvió nuevamente a las calles para intentar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) agende la fecha de la segunda etapa del referéndum revocatorio de Maduro. Esta vez la protesta se trasladó a las 23 capitales de la provincia, mientras que en Caracas la Mesa de la Unidad (MUD) pidió a sus seguidores que se detengan 10 minutos a mediodía como una forma de sumarse a la actividad.
Esa segunda etapa del revocatorio consistirá en la recolección de las firmas equivalentes al 20 % del padrón electoral. Solo si la oposición las obtiene y supera la rigurosa verificación posterior, el CNE podrá entonces fijar la fecha del referéndum. De acuerdo con un cronograma anunciado en agosto por la presidenta del organismo, Tibisay Lucena, esa eventual elección podría celebrarse entre diciembre y la segunda quincena de febrero.
En ese cálculo el chavismo, que además controla el Poder Electoral, tendría todo a favor para permanecer en el poder. Si el referéndum se celebra después del 10 de enero de 2017 y la oposición logra obtener más votos que los que consiguió Maduro en las presidenciales sobrevenidas de abril de 2013, el vicepresidente de la República, que es nombrado por el jefe del Estado, quedaría al mando hasta el final del período. De ahí la urgencia de presionar en la calle por unas condiciones que permitan celebrar la consulta en diciembre de 2016.
