Guatemala vive días de tensión después de la muerte de 43 niñas en un incendio en un centro de menores en el que supuestamente sufrían agresiones sexuales y físicas, hecho que endilgan al presidente del país, Jimmy Morales, al que los ciudadanos piden su renuncia por su incapacidad para lidiar con los problemas acumulados en la nación.
Desde hace varios días, centenares de guatemaltecos salen a la calle para exigir Justicia bajo el lema «Fue el Estado». Se reúnen en la Plaza de la Constitución, donde hay un altar levantado en honor a las jóvenes que se ha convertido en centro de peregrinación. Mientras tanto, el Gobierno de Morales tomó la primera medida para contrarrestar las críticas y buscar «justicia», y por ello esta semana se arrestó a tres exfuncionarios que eran responsables del albergue.
Según los primeros indicios, las jóvenes afectadas, de las cuales hay 12 hospitalizadas, estaban encerradas bajo llave en una pequeña aula y originaron el fuego para protestar por las violaciones y agresiones que sufrían.
Los exfuncionarios, que fueron puestos a disposición judicial, están acusados de «homicidio culposo, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad», según las órdenes de captura emitidas por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación.
La casa hogar, a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, tenía a unos 748 menores, aunque su capacidad es de 400, y en su interior convivían huérfanos, menores conflictivos, niños víctimas de violencia, pequeños con discapacidad y otros que supuestamente habían cumplido alguna pena por haber cometido delitos. Desde hace años el centro ha estado envuelto en polémica. Decenas de denuncias por agresiones sexuales, físicas y maltratos se hicieron públicas en varias ocasiones, aunque nunca recibieron respuesta, un hecho que Morales achacó a la Fiscalía, el ente encargado de investigarlas, presentarlas a los juzgados y buscarles una solución.
Asimismo, Morales junto a su Gabinete de Gobierno afirmó que en el caso del incendio están trabajando 100 investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC), y adicional realizaron la solicitud al Buró Federal de Investigación (FBI), e instituciones internacionales. El mandatario explicó la decisión del FBI es para darle transparencia al proceso, y evitar que haya suspicacia sobre el proceso.
Además, aceptó que la muerte de las menores es responsabilidad del Estado. «Que es una responsabilidad de Estado es un hecho, pero entendiendo el concepto pleno de la palabra. El Estado de Guatemala está conformado por Gobierno y población», admitió el mandatario. Esto mientras la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que cuatro víctimas del incendio fueron trasladadas al hospital de Galveston, Texas (EEUU).
