El embajador británico ante la UE, Tim Barrow, le entregó a Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, la carta que firmó May para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, el que pone en marcha el llamado Brexit. El documento da una idea general de cómo May ve las negociaciones que tomarán dos años.
La primera ministra había dicho que iniciaría el proceso apenas cuatro meses después del 23 de junio de 2016, cuando la mayoría de los británicos votaron en un referendo a favor de abandonar la Unión Europea (UE), y menos de tres desde que sucedió a David Cameron al frente del gobierno.
En una entrevista con la BBC, May dijo que activaría el artículo 50 antes de que terminara marzo. «Eso marcará la primera etapa de Reino Unido convirtiéndose en un país independiente y soberano de nuevo», sentenció. Y efectivamente, después de que la ley del Brexit rebotara como una pelota de ping pong entre la Cámara de los Comunes (la cámara baja del Parlamento) y la de los Lores (la alta) durante varias semanas, la salida británica de la UE ya comenzó a hacerse realidad.
Pero, ¿qué significa eso? Pues quiere decir que el mecanismo que da inicio al proceso del Brexit se activa justo el mes en el que se cumplen 60 años del Tratado de Roma, el que dio origen a la unión.
En sus cinco párrafos, el artículo 50 del Tratado de Lisboa prevé un mecanismo para la retirada voluntaria y unilateral de un país de la Unión Europea. Y, por lo tanto, al invocarlo se inicia el proceso para la salida de la UE. Es algo inédito, ya que nunca antes un país miembro ha abandonado esta unión política y económica de 28 países que, desde sus inicios, no ha hecho más que expandirse.
De hecho, el artículo fue escrito por el escocés John Olav Kerr, miembro independiente y eurófilo de la Cámara de los Lores, y recientemente ha dicho que fue pensado para un posible caso de golpe de Estado, pero que nunca pensó que se activaría para un proceso como el Brexit.
Ahora que Reino Unido le comunicó al Consejo Europeo que activó el artículo 50, empiezan las negociaciones para establecer los términos de la nueva relación entre Londres y el resto del bloque. Estos definirán, entre otros aspectos, los límites al libre movimiento, los derechos de los británicos que viven en otros países de la UE y también los de los nacionales de esos países que residen en Reino Unido, así como el acceso o no de Londres al mercado común.
Y como parte del «acuerdo de divorcio», que los expertos creen que podría tener un costo de hasta $50.000 millones de libras (US$62.000 millones), se espera que las negociaciones también aborden los acuerdos de seguridad transfronteriza, la orden de detención europea, así como la retirada de las agencias de la UE con sede en Reino Unido y el posible fin de la contribución de Londres a las pensiones de los funcionarios públicos del bloque.
Sea como fuere, Londres y los 27 países del bloque tienen como máximo un plazo de dos años para ponerse de acuerdo. Para ello deberán presentar el borrador al Consejo Europeo, donde para ser aprobado necesitará el visto bueno de al menos 20 países que representen el 65% de la UE. Pero si en dos años no consiguieran alcanzar un pacto, Reino Unido quedaría automáticamente fuera de la UE y se le aplicarían las disposiciones estándar de la Organización Mundial del Comercio.
Y no son pocos los que ya han levantado la voz de alarma ante esa posibilidad.
