La semana pasada esta diligencia fue diferida por pedido expreso de Miguel Jurado, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y quien lleva la causa. El magistrado argumentó que se suspendió la audiencia debido a “ocupaciones inherentes”.
Eduardo Franco Loor, representante legal del segundo mandatario, espera que con esta acción se cambie la prisión preventiva por la medida cautelar de presentación periódica ante la autoridad cada ocho o 15 días.
Aunque esa es la expectativa del abogado, otros expertos en leyes avisoran varios panoramas que se presentarían a partir de este recurso. Fernando Yávar, exvocal del Consejo de la Judicatura y abogado en libre ejercicio, explicó cuáles son los escenarios que se levantarían bajo la estrategia de la defensa.
Uno de ellos, dijo, consiste en continuar impugnando la prisión preventiva. Esto quiere decir que el abogado debe apelar y eso implica que la prisión preventiva sea analizada por otros tres jueces en la Corte Nacional, que son elegidos por sorteo y deberán conocer solo los datos referentes a la apelación. «Ese recurso va a conocer si estuvo bien o mal dictada la prisión preventiva», dijo Yávar.
En este recurso, el tribunal determinaría si hay o no suficientes elementos para la medida cautelar. Yávar reiteró que Jurado dictó la prisión preventiva al considerar que hay riesgo de fuga.
Con ese antecedente, dijo, es viable que este tribunal ratifique la disposición del juez. El exvocal reconoció que el tribunal también podría determinar que hubo un inadecuado análisis por parte de Jurado.
Ellos podría argumentar que es un vicepresidente, elegido de forma constitucional y que anunció públicamente que no saldría del país, se entregó voluntariamente, además que hubo una medida cautelar que lo restringió para viajar fuera de Ecuador, por lo que podría considerarse una «medida desproporcional» y disponer la revocatoria.
En otro escenario, de negarse el recurso pedido y de validarse el proceso, Franco Loor podría acudir al recurso de hábeas corpus, que consiste en una acción constitucional que se presenta cuando la libertad es amenazada. Yávar explicó que en este caso, otros jueces pueden conocer la impugnación a la prisión preventiva y podrían también revocarla, pero mantenerse la prohibición de salida del país.
El jurista Carlos Medina también analizó la situación de Jorge G. Recordó que ya se acerca la audiencia preparatoria de juicio, por lo que estos recursos no afectarían al curso original de la causa del denominado caso Odebrecht, que se sigue por presunta asociación ilícita.
A criterio del jurista, el fiscal general Carlos Baca Mancheno en la audiencia podría acusarlos a todos, ya que se pidió fecha para audiencia prevista el próximo lunes 16 de octubre y además no hubo un pronunciamiento ostentativo.
El legista explicó que en este espacio, el juez determinará si llama a juicio a declara sobreseimiento. Dentro de este proceso, el magistrado también puede analizar las medidas cautelares: revisarlas, mantenerlas, eliminarlas.
Medina opinó que es muy difícil que el juez Jurado cambie la medida de prisión preventiva. Explicó que no se han encontrado nuevos elementos de convicción en el proceso.
Ambos expertos legales reiteraron que Jorge G. se mantiene en el cargo de la Vicepresidencia hasta que no haya una censura en su contra por parte de la Asamblea Nacional (juicio político) o que él mismo presente su renuncia.
Fuente: El Telégrafo
