Una reunión, que tenía el carácter de reservada, debía desarrollarse el 17 de julio de 2017 por la noche en la sede de Alianza País (AP), en el norte de Quito. El tema central iba a ser el análisis del pedido de juicio político presentado por Creo, en contra del vicepresidente Jorge Glas. La invitación se había extendido a los aliados y legisladores de AP.
Pero se suspendió a última hora. Los asambleístas fueron notificados por escrito, en la tarde. “Solo se puso que se deja sin efecto a la convocatoria”, señaló Franklin Samaniego, de Alianza País. “Se iba a revisar información sobre cómo se hace el análisis político dentro del movimiento para tomar la decisión e íbamos a ver como estaba el tema (del pedido de juicio)”.
Alianza País ya no tendrá tiempo para coordinar un nuevo encuentro, antes de que se instale el Consejo de Administración Legislativa (CAL), agregó Samaniego. A partir de las 14:00, de este 18 de julio, está previsto que los siete miembros de ese organismo decidan la calificación o el archivo del proceso. Se reunirán a puerta cerrada en el despacho de la Presidencia.
Se necesita de una mayoría para que la solicitud pase a la Corte Constitucional. De los siete integrantes, cinco son oficialistas. De ellos solo una legisladora ha decidido cómo va a votar. Se trata de Soledad Buendía, legisladora reelecta por Pichincha.
Ayer, 17 de julio, ella aseguró que planteará el archivo del pedido en el CAL, pues lo considera inconstitucional. El argumento es que la causa por la cual se quiere llevar al banquillo al Vicepresidente no consta en la Constitución.
La oposición lo señala por su responsabilidad política en los sectores estratégicos. En concreto por supuestamente haber omitido el control de los recursos en esas áreas.
