“En Cuba no hay ni habrá giros capitalistas”, enfatizó recientemente el presidente Miguel Díaz-Canel, dejando claro que la doctrina que rige los destinos de la isla tras el triunfo de la revolución en 1959, no cambia.
Así, el proyecto reafirma “el carácter socialista” del sistema político, económico y social, y el papel rector del gobernante y único Partido Comunista de Cuba (PCC) “como fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado”.
Sin embargo, las reformas económicas iniciadas por su antecesor Raúl Castro desde el 2008 y que ahora Díaz-Canel debe continuar, requieren de un piso legal que no existe en la Carta Magna que data de 1976.
“Que el mercado tenga mayor importancia y juegue un papel trascendental en el proyecto económico y social de Cuba era algo que se esperaba” en la nueva Constitución, dijo a la AFP el abogado constitucionalista José Antonio Fernández.
El proyecto de 224 artículos, elaborado por una comisión parlamentaria que dirigieron Castro y Díaz-Canel, será votado por la Asamblea Nacional este fin de semana y luego sometido a un referendo popular antes de su aprobación final.
Luego de casi cuatro décadas de propiedad mayoritariamente estatal, las reformas de Raúl Castro impulsaron el trabajo privado, que hoy abarca a 591.000 personas y representa el 13% de la fuerza laboral del país.
