Fabián Solano, asambleísta por el Partido Socialista, en Notimundo, habló acerca del proyecto de ley que tiene entre sus objetivos cambiar el trámite de la declaración patrimonial de los servidores públicos.
Según Solano, son cerca de 500 000 servidores públicos quienes deben realizar este trámite que, en la actualidad, se lo hace a través de un notario. El servidor público debe llenar un formulario que es presentado en una notaría y en el departamento de Recursos Humanos de la institución en la que trabaja. Este proceso, según el legislador, tendría un costo para los funcionarios de aproximadamente 12 millones de dólares. El cambio que se propone es que se registre el formulario a través de una página web que cuente con las seguridades respectivas y, además, quede registrado en los archivos electrónicos de la Contraloría General del Estado.
Es decir, que la declaración patrimonial, la cual es reservada para la ciudadanía, esté abierta para que el Contralor General pueda realizar los exámenes respectivos.
Una de las observaciones que se realizó en el primer debate fue respecto a la necesidad de contar con una firma electrónica que, a criterio de Solano, no sería necesario ya que hay otros trámites similares, como la declaración del Impuesto a la Renta que no necesitan de este requisito.
Todas las instituciones públicas, de los tres poderes del Estado, deben cumplir con este proceso.
