Cardozo responsabilizó de esa «venganza» al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, un declarado adversario de la mandataria y cuyo cargo le reserva la potestad de aceptar una denuncia contra un jefe de Estado e instaurar el proceso.
Cunha, acusado de corrupción asociada a los escándalos en la estatal Petrobras, aceptó a trámite el proceso contra Rousseff en diciembre pasado, un día después de que el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) decidiera apoyar la apertura de un juicio con miras a su destitución de la presidencia de la Cámara baja.
Según Cardozo, existían «presiones» de Cunha contra el PT y otras formaciones del arco oficialista para rechazar ese proceso, pero su fracaso llevó a esa supuesta represalia.
«Un Gobierno que se curve ante ese tipo de situaciones no tendría ninguna legitimidad», dijo Cardozo ante la comisión de 65 diputados que deberá aceptar o rechazar la denuncia contra Rousseff, centrada en maniobras contables para ocultar de los resultados del Gobierno unas millonarias deudas con la banca pública.
La comisión elaborará un informe sobre el asunto, que se calcula que votará dentro de una semana y, según el resultado, la causa será archivada o pasará al pleno de los Diputados.
Para que el proceso prosiga, una mayoría calificada de 342 votos deberá respaldarlo, para que entonces el Senado, por mayoría simple, decida si da curso al juicio político.
En caso de que el Senado acepte las acusaciones, la presidenta deberá separarse del cargo durante 180 días, plazo que tendrá la Cámara alta para concluir el proceso.
Durante ese lapso, Rousseff será sustituida por el vicepresidente del país, Michel Temer, quien completaría el mandato que vence el 1 de enero de 2019 en caso de una destitución.
Temer es el presidente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la mayor fuerza política del país, que la semana pasada decidió romper con el Gobierno, lo que fue interpretado como un claro respaldo al eventual proceso contra Rousseff.
