En rueda de prensa, Rivadeneira dijo que de manera «coherente y ética» defiende la democracia e institucionalidad del Estado. Indicó que su destitución se dio desde que mostró su postura frente al accionar del CPCCS-T.
El miércoles 2 de mayo, el pleno del Consejo cesó en sus funciones al defensor del Pueblo, al considerar que incurrió en desacato al negarse a someterse a la evaluación e incumplir con el envío del informe de su gestión en el tiempo estipulado.
Rivadeneira señaló que dicho consejo pretende invisibilizar el accionar de la Defensoría del Pueblo durante su periodo en funciones. Recalcó que el informe de sus 6 años de gestión actualizado y consolidado está disponible en la página web institucional.
Añadió que hay normativa tanto nacional como internacional que blinda a la institución de la «evaluación de carácter político», pues, dijo, atenta a su independencia. Rivadeneira anunció que presentará una acción de protección «en defensa de mis derechos vulnerados».
La medida la interpondrá «en las siguientes horas o en los próximos días» ante la Corte Constitucional, aunque lamentó el «silencio» de esta instancia sobre las demandas interpuestas en la pasada consulta popular.
Una vez que tenga una respuesta de la acción de protección, indicó Rivadeneira, el siguiente paso sería la presentación de otros recursos en instancias internacionales.
La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo señala que en caso de ausencia temporal o definitiva de su titular, quien asume la dependencia será el Adjunto Primero de Derechos Humanos y Naturaleza, que en este caso es Patricio Benalcázar.
