Para arrancar el proceso, el Consejo le solicitó al funcionario un informe de gestión, desde el día en que fue nombrado. Pero, en su lugar, él envió un escrito “con los argumentos que tanto a nivel nacional como internacional respaldan los principios de autonomía, independencia e inviolabilidad” de sus funciones.
Rivadeneira aseguró que la Defensoría ha sido acreditada internacionalmente como una institución nacional de derechos humanos (INDH) y que esa calidad la blinda de este tipo de evaluaciones.
Añadió que él ha rendido cuentas anualmente ante la Asamblea Nacional, como ordena la Constitución. Por estas razones ha resuelto no someterse al proceso de evaluación y se reserva el derecho a emprender acciones legales dentro y fuera del país para garantizar sus derechos como autoridad.
También se ofreció para presentar estos mismos argumentos ante el Pleno del Cpccs. “No tengo temor a una evaluación política, pero estamos hablando del respeto a la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo”, dijo.
El plazo para que Rivadeneira presente el informe de gestión concluyó el miércoles pasado. Y con las resoluciones de inicio de evaluación, que el Consejo ha aprobado para seis instituciones, se estableció que la no presentación de los informes se considerará como incumplimiento de funciones y la autoridad será destituida inmediatamente.
Dentro de la evaluación, la Defensoría del Pueblo recibió 16 denuncias ciudadanas. Pero Rivadeneira recordó que la institución ha resuelto 100 000 causas y atendido 160 000 asesoramientos. Y que la Contraloría les ha realizado 21 auditorías o exámenes especiales.
Esta no es la primera observación que el Consejo transitorio ha recibido sobre su evaluación. La primera llegó desde el Consejo de la Judicatura.
Gustavo Jalkh, titular de la entidad, criticó que con el arranque de este proceso se hayan suspendido los procesos internos para la designación de fiscales provinciales y otros funcionarios judiciales, ya que se afectó las aspiraciones de los postulantes.
Mientras que el ciudadano Marlon Pasquel presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, por la evaluación al Consejo Nacional Electoral.
El exfuncionario público considera que los consejeros electorales no son sujetos a la evaluación y posible destitución, porque fueron designados por un Cpccs anterior y no por el que fue cesado con el referendo del 4 de febrero, como establece el anexo.
Este 26 de abril del 2018, el Consejo transitorio se reunió en Calceta, Manabí. El presidente Julio César Trujillo aprovechó uno de los puntos para enviar un mensaje a las críticas recibidas.
Dijo que al evaluar a las personas prorrogadas en sus cargos, probablemente sigan señalando al Consejo, por supuestamente no ser de su competencia; pero que lo tienen que hacer porque ese es el clamor popular.
Obes Macías, representante del gremio de artesanos en Manabí, pidió al Consejo intervenir en la conformación de la junta de defensa del artesano. Según él, los actuales miembros llevan tres años prorrogados en sus funciones. El Consejo recibió a delegados de varias organizaciones sociales locales.
Las denuncias serán tramitadas, siempre que estén en su competencia. Además, el Consejo nombró a Gustavo Orna Proaño como representante del Consejo de Regulación de la Información.
