A su vez, el organismo estatal aclaró que “no ha coordinado ni participado en el proceso de traslados de personas privadas de la libertad”, que se dio el 1 de noviembre y que desembocó en atentados. El comunicado fue emitido el 2 de noviembre.
En el texto, la Defensoría exhortó:
1. Al Gobierno Nacional a cumplir de manera urgente, prudente y permanente con acciones, que indiscutiblemente deben observar un enfoque de derechos humanos, que garanticen la vida y la integridad personal de todos/as los/as ciudadanos y habitantes en el territorio nacional; retomar el orden público, la seguridad ciudadana y la unidad nacional.
2. A la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas, a cumplir sus funciones en el marco del respeto estricto de los derechos humanos y preservando la seguridad ciudadana y de los sectores estratégicos.
3. Al Ministerio de Educación, a tomar las medidas urgentes que supongan la protección y la prevención de situaciones de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que pudieran darse como efecto de la exacerbación de la violencia en todo el país.
4. A las autoridades del gobierno central y autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, a que realicen las gestiones necesarias para garantizar que las personas en el país ejerzan su derecho de acceso y uso de servicios fundamentales para la vida como agua potable, energía eléctrica y salubridad en general.
5. A los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, y aquellos que se difunden por redes sociales; a manejar con respeto, moderación, ética y desde un enfoque de derechos humanos la información; a evitar la desinformación y rumores que generan pánico social. A informar a la ciudadanía de manera objetiva y veraz, a respetar los principios deontológicos en materia de comunicación, a contrastar y verificar cada hecho difundido en redes sociales, para que la noticia oficial sea oportuna y acertada para la ciudadanía.
6. A la sociedad en general a exigir la garantía y protección de sus derechos.
Organizaciones de DD.HH.
Por su parte, la Alianza por los Derechos Humanos del Ecuador fustigó al gobierno de Guillermo Lasso, después de que el Presidente en la cadena nacional del 1 de noviembre señalara que está dispuesto a “actuar con dureza dentro del marco de la ley” y que “cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia”.
“Los derechos humanos no son causa de la violencia que conmociona al país, la negligencia e incapacidad del presidente Lasso y su Gobierno para enfrentar, prevenir y contener violencia y pobreza sí”, señaló esta alianza en un manifiesto de seis páginas.
Entre otras, el texto es suscrito por una veintena de organizaciones, entre ellas el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), hasta grupos ecologistas como Yasunidos, Acción Ecológica.
Allí señalan:
1. Responsabilizamos al Estado ecuatoriano y al Gobierno nacional por toda la violencia que vive el país actualmente, por el asesinato de funcionarios del Estado y de personas civiles.
2. Exigimos a las altas autoridades del país adopten medidas técnicas y adecuadas -que signifique el cumplimiento de derechos económicos, sociales y culturales– que garanticen el goce y ejercicio de los derechos humanos a todos sus habitantes, especialmente a aquellos que han sido objeto del abandono sistemático del Estado.
3. Reclamamos de los órganos de protección de derechos su intervención, en el marco de su mandato, para precautelar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, y de sus familias.
4. Rechazamos las afirmaciones del Presidente de la República y el discurso populista estigmatizante de que los derechos humanos son un obstáculo para cumplir las obligaciones de garantizar la seguridad ciudadana. Advertimos a la comunidad internacional que este discurso es el preludio para justificar graves violaciones a derechos humanos que puedan cometer miembros de Fuerza Pública y Fuerzas Armadas alentadas a usar la fuerza para reprimir la violencia creciente que el gobierno de G. Lasso ha sido incapaz de prevenir, contener y enfrentar por otros medios.
Examen en la ONU
La situación de los derechos humanos en Ecuador será considerada por cuarta vez por el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el próximo lunes 7 de noviembre de 2022, recordó, por su lado, la misión de este organismo internacional en Quito.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
