La demanda se presentó en la Fiscalía el 24 de marzo de 2017, pero por insistencia de su procurador judicial Marlon Jácome se retomó el caso.
Diego Vallejo comentó que la intimidación hacia su familia se realizó durante el gobierno de Correa, por parte de los miembros de la unidad de gestión de seguridad interna de la Presidencia.
El militar considera que la intimidación se debió a las denuncias que presentó a partir del 2011 contra Serrano, acerca de los seguimientos que ordenaba realizar al activista político Fernando Balda en Colombia; así como el “robo”, de la información financiera de la unidad de análisis financiero en contra del ex fiscal general Washington Pesántez.
Luego, explicó Vallejo, puso una nueva denuncia en el 2012 contra Serrano y el exfiscal Galo Chiriboga por supuesto robo de información de los discos duros de los comisionados encargados de la designación del fiscal general.
Dentro de las pruebas sobre el presunto delito de hostigamiento constan los seguimientos al capitán Vallejo, de sus desplazamientos a Lima-Perú y dentro del país, fotografías y llamadas telefónicas.
El caso fue asignado a la fiscal de la Unidad de Investigaciones Previas, Jimena Mena Martínez.