La funcionaria del Ministerio de Justicia considera que se pudo haber cometido un delito, y «las autoridades deberán determinar a qué delito se refiere».
Guzmán señaló que tanto visitas ordinarias y extraordinarias deben ser reportadas, autorizadas por los privados de la libertad, y que no se cumplió con estos requisitos.
Detalló que la visita a Diana F. no consta en la bitácora de ingreso al CRS y que los servidores de ese lugar, quienes también serían responsables, informaron que la asambleísta les dijo que dejó en el carro su credencial.
La Viceministra manifestó que cuatro funcionarios de la entidad estarían vinculados. Afirmó que «por seguridad» no se puede señalar si Diana F. será enviada a otro centro de rehabilitación, además porque es parte del sistema de protección a víctimas y testigos.
Guzmán dijo que entre las acciones, se dispuso a la Coordinación Administrativa Financiera realizar un análisis para establecer responsabilidades y posibles sanciones administrativas en contra de servidores del centro que hayan incumplido procedimientos.
Luego, por disposición del ministro de Justicia (e), Paúl Granda, se desvinculó a la coordinadora del CRS de Atención Prioritaria Femenino Quito, Nacy Guamba. Guzmán indicó que desde julio se le informó que Diana F. consta en el programa de víctimas y testigos y «tenía especial atención».
Por ello reiteró que hubo incumplimientos a disposiciones expresas. También se ofició de los hechos al Ministerio del Interior, para el análisis y acciones pertinentes referentes a los servidores policiales que se encontraban en servicio en el CRS, al momento del hecho suscitado.
Además, explicó que en este caso ninguna de las dos visitas ( de Espín y la abogada Yadira Cadena) estaban registradas, ni como visita ordinaria, extraordinaria o como abogadas de la PPL.
Fuente: El Telégrafo
