La denuncia, presentada ante el fiscal Santiago González Bibolini, de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía, habla de la comisión de delitos de privación de libertad, secuestro, coacción grave, tortura y persecución de inocentes, por parte de agentes policiales el pasado viernes.
Los comisionados del MNP recabaron testimonios de personas detenidas y trasladadas a la Agrupación Especializada de la Policía, que denunciaron haber recibido «empujones, puntapiés, golpes con las culatas de las escopetas y disparos con balines de goma a muy corta distancia», según el documento de la denuncia.
También se señala que permanecieron durante varias horas incomunicados en la Agrupación Especializada, sin acceso a sus familiares ni sus abogados, sin conocer el motivo de su detención y sin poder recibir atención médica.
Según los testimonios recabados por el MNP, solo tres detenidos fueron trasladados al Centro de Emergencias Médicas, por la gravedad de su lesiones.
Uno de ellos había recibido un disparo de balín de goma a quemarropa, otro se había lesionado el codo al huir de los policías, y un tercero tenía siete perforaciones por ese tipo de proyectiles, que le habían afectado a un pulmón, según la fuente.
El MNP denunció además hechos de violencia de género contra las 21 mujeres que fueron arrestadas en la Agrupación Especializada, que fueron obligadas a desnudarse para una verificación vaginal y anal, sin ser examinadas por médicos y fueron además golpeadas.
En otros puntos de detención, como la Comandancia de la Policía Nacional y el Departamento de Investigación de Delitos, el MNP recibió testimonios de la aplicación de picanas eléctricas a los detenidos.
También de que grupos de al menos diez agentes formaban túneles a la entrada de las dependencias policiales para propinar golpes de puño, de cachiporra y patadas a los arrestados.
Algunas personas declararon haber sido golpeadas por agentes antidisturbios y de la policía montada incluso después de haberse entregado sin resistencia y detallaron haber sido esposadas en la vía pública o arrojadas al suelo.
El MNP también cuestionó la legalidad de las detenciones y denunció que varias de las personas «fueron aprehendidas por el solo hecho de encontrarse en el centro de la ciudad, sin que hayan existido indicios de su participación en los hechos y sin que hayan sido encontrados en flagrancia», lo que podría constituir un delito de «persecución de inocentes».
En otros casos «los agentes policiales irrumpieron en recintos privados sin las respectivas órdenes de allanamiento, no como parte de una persecución ininterrumpida, sino aparentemente en búsqueda al azar de aprehender a cualquier persona por los hechos ocurridos», según la denuncia.
El MNP también se refirió al hecho de que la Policía disparara contra Rodrigo Quintana, el joven opositor de 25 años que falleció cuando varios agentes ingresaron por la fuerza en el local del Partido Liberal, donde militaba.
El ente criticó además que un agente pisara el cuerpo herido de muerte de Quintana y que los policías «aterrorizaran» con golpes o disparos a las personas que se encontraban en la sede del partido.
El pasado viernes, decenas de manifestantes ingresaron de forma violenta al Congreso y lo quemaron parcialmente, después de que 25 senadores aprobaran una enmienda constitucional para facultar la reelección presidencial.
Los disturbios se trasladaron después al centro histórico de Asunción, donde se registraron daños materiales en edificios y mobiliario urbano y la acción policial dejó decenas de heridos y más de 200 detenidos.
Tanto el actual presidente de Paraguay, Horacio Cartes, como el expresidente Fernando Lugo (2008-2012) aspiran a ser candidatos en las elecciones de 2018, aunque la Constitución prevé mandatos únicos de cinco años y prohíbe la reelección.
