En un comunicado, la Comisión indicó que los hechos, atribuidos a elementos adscritos al Séptimo Batallón de Infantería y ocurridos en 2012, violentaron el «derecho a la seguridad jurídica» de las víctimas, ya que sufrieron una detención en la que hubo «arbitrariedades e irregularidades».
La primera de las víctimas presentó una queja ante la CNDH denunciando que, tras ser amenazada con un arma, fue subida a un vehículo y trasladada a un cuartel de la Semar «sin explicarle las razones y motivo de su detención».
Una vez allí, reporta el organismo, recibió golpes y descargas eléctricas en la zona genital y en los senos, para luego ser trasladada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), donde fue acusada de delincuencia organizada y porte de armas de fuego.
En el caso de las otras víctimas, estas fueron detenidas de forma «arbitraria» y «quedó acreditada la vulneración al derecho a la inviolabilidad del domicilio», ya que los elementos de la Marina no contaban con una orden de cateo emitida por una autoridad.
Las cinco víctimas también fueron trasladadas a instalaciones navales y sufrieron tortura a través de agresiones físicas y descargas eléctricas.
Como consecuencia de las descargas, a una de ellas se le tuvo que amputar un dedo del pie, informa la CNDH.
Después fueron llevadas a la capital y puestas a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).
Por estos hechos, la Comisión pidió al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón, que se les proporcione a las víctimas atención psicológica y médica especializada.
Asimismo, solicita que la Marina colabore con las instancias investigadoras en el seguimiento de la denuncia de los hechos y que respondan a los requerimientos de la CNDH, proporcionando «información completa y necesaria para el esclarecimiento y verdad de los hechos».
