Cansados de esperar por un examen de PET scan en el hospital Carlos Andrade Marín, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Quito, para conocer el sitio exacto en donde está un cáncer, inicialmente diagnosticado en la tiroides, una mujer y su familia no esperaron más tiempo y decidieron hacerlo en otro país.
Habían ingresado los documentos el pasado 22 de marzo a esa casa de salud, pero hasta inicios de mayo no había una respuesta.
Armaron un viaje relámpago de pocos días y aunque el esposo tiene un trabajo independiente en el área económica, esos días lo dejó y estuvo concentrado en la salud de su pareja.
Mariana ya tenía la gestión hecha y el permiso en su trabajo para la cirugía de la vesícula, el pasado 19 de mayo. Era el segundo reagendamiento para esa operación en el hospital Los Ceibos del IESS, en Guayaquil. Sin embargo, la llamaron para explicarle que se la iban a reprogramar, porque no había anestesia general, que necesitaban priorizar otras áreas.
La paciente, de 53 años, acudió con su orden de hospitalización y se percató de que a varios pacientes ya los habían quitado de la programación de cirugías; otros sí ingresaban. Ella comunicó a sus familiares y en su trabajo esta novedad, y lamentó que los afiliados tengan que pasar estos inconvenientes para acceder a las intervenciones.
A Tomás Arellano, de 52 años, se le dislocó un hombro cuando realizó un movimiento brusco. Ha ocurrido seis veces durante los últimos siete años, por una lesión. Su diagnóstico es fractura en la cabeza humeral, lo que provoca que el brazo se desconecte del hombro. La postergación para una cirugía continúa.
Y es que el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en el sistema público de salud no solo afecta a los gastos de bolsillo, es decir, cuando el ciudadano financia una parte importante del gasto en salud con desembolsos directos, sino también a la productividad laboral.
Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), el debilitamiento en la prestación del servicio de salud por impedimentos para el acceso oportuno a intervenciones sanitarias producto del desabastecimiento de fármacos puede incrementar el ausentismo laboral.
Esto, agregó esa cartera de Estado, con la consecuente reducción de productividad de la población afectada y la baja de ingresos de las cadenas productivas, afectando directamente al consumo de los hogares, empresas y del Estado.
“El incremento de la mortalidad, que debe ser mitigado de manera inmediata, tiene inmerso una pérdida de productividad relacionada con los años de vida saludables perdidos por mortalidad prematura, acortando la esperanza de vida promedio de la población”, según un estudio de junio pasado.
El documento hace referencia al decreto ejecutivo del 17 de junio pasado, en el que el presidente Guillermo Lasso dispuso al Ministerio de Salud Pública (MSP) declarar mediante resolución motivada la emergencia en el sector de la salud a fin de agilizar el aprovisionamiento de medicamentos e insumos necesarios para operar la red pública integral de salud.
Esa red estatal la integran el MSP, el IESS, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
La emergencia sanitaria está en marcha, aunque la aplicación en cada subsistema se la ha hecho de manera diferenciada.
El impacto económico por la pérdida de productividad sería equivalente a los años de vida saludables perdidos multiplicados por el producto interno bruto (PIB) per capita, menciona el documento.
Esa cartera de Estado sostuvo que la estimación de la pérdida de productividad por el desabastecimiento de medicamentos y dispositivos médicos en sus establecimientos para atender las enfermedades que mayores muertes causaron en 2022, considera un ausentismo laboral en promedio de 13,4 días.
Además, el costo económico que ello causaría lo estimó en USD 19,1 millones que los hogares y la economía dejarían de percibir por la falta de medicamentos.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
