«Desde el momento en que sus familiares denunciaron el hecho, la Fiscalía investiga el caso y realiza todas las diligencias para hallar a la menor», indica el comunicado al puntualizar que es falso que la Policía Nacional no haya tomado acciones en este caso.
«Al contrario, las unidades investigativas y de inteligencia ejecutan operativos de búsqueda, en coordinación con la Fiscalía y las Fuerzas Armadas», recalca. «Gracias a estas acciones y a las coordinaciones ejecutadas por Fiscalía y la Unase se descarta que el hecho esté relacionado con algún grupo armado de Colombia».
El fiscal general del Estado (e), Paúl Pérez, confirmó previamente que el caso se encuentra en investigación previa. Pero no dio más detalles al ser una etapa reservada de la indagación.
En un comunicado, el Ministerio de Educación confirmó que el suceso ocurrió el pasado 12 de junio, cuando la niña de 12 años de edad, y en estado de gestación, «fue sacada de la unidad educativa sin consentimiento de sus representantes y con uso de la fuerza». Añadió que se procedió a la denuncia y al apoyo legal a la familia de la víctima y al acompañamiento psicológico al círculo familiar y estudiantil de la afectada.
Pero fue el 30 de mayo, según indica en su nota la cartera de Estado, que mediante su distrito Educativo conoció de la situación de violencia sexual que estaba atravesando la estudiante fuera del espacio educativo.
Señala que de forma inmediata se acercó a la familia de la menor y a la unidad educativa, para brindar la asesoría jurídica y psicológica del caso. «En esa misma fecha se acompañó a la familia a la Junta Cantonal de Protección de Derechos y al Ministerio de Salud para que reciban medidas de protección, y apoyo médico y psicológico», indicó.
Según el Ministerio, «se generaron las condiciones para garantizar la permanencia en el sistema educativo de la menor y evitar la revictimización. Además, se estableció que la menor solo podría retirarse de la institución con la autorización de su madre».
Sin embargo, el 12 de junio, «la menor fue sacada de la unidad educativa sin consentimiento de sus representantes y con uso de la fuerza, por lo que se procedió a la denuncia y al apoyo legal a la familia de la víctima y al acompañamiento psicológico al círculo familiar y estudiantil de la afectada». El mismo día, según Educación, el hecho fue denunciado en la Policía.
«Los informes levantados por el personal técnico de educación se derivaron a las diferentes instituciones del Ejecutivo Desconcentrado (Junta Cantonal de Protección de Derechos y al Ministerio de Salud), así como a la Policía Nacional y al Gobierno Municipal de Cascales, con la finalidad de que se coordinen las acciones de búsqueda efectiva que permitan el rescate de la niña», agregó. Resaltó que este hecho «es de suma gravedad para el Ministerio de Educación».
De allí que ratifica su «política de cero tolerancia ante casos de violencia cometidos contra niños, niñas y adolescentes». También exhortó a los órganos de seguridad competentes a «atender con celeridad tan infame suceso, y a todos los que se presenten en cualquier territorio del país». «Advertimos a quienes no respetan los espacios educativos que el Ministerio de Educación no descansará hasta que sean sancionados con el máximo rigor», finalizó.
Fuente: El Telégrafo
