Para las elecciones del 9 de febrero, más de 13 millones de ecuatorianos están empadronados para sufragar por las distintas dignidades. Se trata de 13.27 millones de compatriotas en territorio nacional y más de 456 mil en el exterior que están habilitados por el Consejo Nacional Electoral. Así lo informó en NotiMundo A La Carta, la presidenta del CNE, Diana Atamaint.
Hasta el momento, 19 provincias cuentan con el paquete electoral que se usará en los comicios. Mientras tanto, provincias como Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi recibirán el material 5 de febrero y Pichincha hará lo propio el 7 de febrero, debido a su cercanía a la sede.
Atamaint recordó que, desde el inicio del proceso, la impresión de papeletas y su traslado se encuentran bajo potestad de las Fuerzas Armadas, para evitar irregularidades o falta de transparencia en el material. Precisó que, por este tema, los efectivos del Ejército no han roto la cadena de custodia.
Además, cuestionó que, desde ciertos sectores políticos, se pretenda poner en duda la transparencia con la que se lleva a cabo el proceso electoral. La presidenta del CNE respondió a los señalamientos de Andrés Arauz, excandidato presidencial del correísmo, acerca de supuestas irregularidades de miembros de la junta receptora del voto.
Otro de los mecanismos que destacó, fue la visualización de las actas escrutadas en tiempo real para que varios actores electorales puedan constatar el avance de los resultados. Asimismo, detalló que los delegados de organizaciones políticas reciben también una copia del acta para hacer su control voto a voto de los resultados que se generan.
“En ningún momento un acta queda oculta. En Ecuador todas las actas se publican y en tiempo real”, dijo.
A este proceso, se suma la presencia de representantes de observadores electorales internacionales. En el caso de la Unión Europea, la Misión de Observación estará integrada por 121 personas, mientras que, de la Organización de Estados Americanos, se espera la presencia de 82 delegados.
Polémicas y multas
Una de las mayores controversias en torno al proceso electoral fue la obligatoriedad de Daniel Noboa de pedir licencia para hacer campaña. Sobre este tema, Diana Atamaint señaló que el Consejo Nacional Electoral es netamente administrativo, por lo que no está facultado a interpretar la ley o inventar nuevas disposiciones legales en medio del proceso.
Precisó que el CNE tiene “limitaciones”, sin embargo, quienes tienen la capacidad de juzgar las actuaciones de los candidatos son los magistrados del Tribunal Contencioso Electoral.
Por otro lado, se refirió a las infracciones que podrían ocurrir a lo largo de la jornada. Una de ellas, a quienes no acudan a votar. Para ellos, la multa será del 10% de un salario básico unificado, correspondiente a USD 47. La misma sanción se aplicará a quienes no se capaciten para integrar la junta receptora del voto, y para quienes se ausenten de dicha responsabilidad, se les impondrá una multa de USD 70.45.
Sin embargo, enfatizó que quienes abandonen sin justificación la junta receptora del voto, la sanción oscila entre USD 5.170 y USD 9.400.
Este 6 de febrero, culmina el periodo de la campaña electoral, sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral precisó que una de las limitaciones de la entidad es la regulación en redes sociales. Esto, debido a una sentencia de la Corte Constitucional que impide al CNE controlar la libertad de opinión en redes. Por ello, el control corresponde únicamente a radio, televisión, prensa, vallas publicitarias y medios digitales.
“Dice el mismo Código de la Democracia que las redes sociales no se consideran como medios digitales. Esas son las limitaciones y alcances que tenemos”, dijo.
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