Ante la “gravísima mora” del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por continuar con el concurso para designar un nuevo Fiscal General del Estado, la única salida sería la prórroga de funciones de Diana Salazar, consideró la exfiscal, Mariana Yépez. Esta acción, dijo, daría una especie de seguridad a la continuación de los procesos de investigación en curso como el propio caso Ligados.
“Lo correcto sería que Diana Salazar se prorrogue hasta ser reemplazada; no existe otra salida”, dijo.
En otro escenario, advirtió que una renuncia de Salazar al cargo generaría un “gran vacío”. Algo que no podría suplirse por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, debido a que su participación para reemplazar las funciones de Diana Salazar no puede darse de manera definitiva, sino únicamente temporal.
Un criterio similar compartió el abogado penalista, Ramiro García, quien destacó la importancia de mantener la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado y, dijo, la única manera para lograr este cometido es con la prórroga en funciones de Diana Salazar.
“Hoy por hoy, y en las condiciones sociopolíticas en las que se encuentra el país, el cargo de fiscal general del Estado es prácticamente una condición de supervivencia del Estado de derecho”, enfatizó.
De acuerdo con García, el panorama electoral y los múltiples escándalos de corrupción reforzaron la necesidad de contar con autoridades probas al frente de las entidades de control y, más aún, liderando la titular de la acción penal del país.
El CPCCS, cercano a intereses partidistas
Para Ramiro García, el concurso para Fiscal General del Estado evidenció la falta de institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde varios de sus integrantes han sido destituidos, e incluso, otros son procesados por causas penales.
Recordó que, pese a que el proceso de renovación del nuevo Fiscal se encuentra en fases iniciales, este ya ha sido duramente cuestionado, especialmente al reglamento. Sobre este mecanismo, García cuestionó que los consejeros hayan planteado la posibilidad de que cualquier persona con las mínimas credenciales puedan acceder al cargo.
La exfiscal Yépez cuestionó que, dentro del reglamento, se haya suprimido la prueba oral, una evaluación que, dijo, es imprescindible para conocer las capacidades de oratoria que tiene la máxima autoridad de la Fiscalía para defender sus puntos de vista en casos penales.
Incluso, lamentó que para cada concurso de designación exista un reglamento distinto, lo que genera dilaciones y trabas en el proceso de selección de nuevas autoridades de control.
Por otro lado, García insistió en que el CPCCS ha fracasado en su intento por nombrar titulares de distintas instituciones lejos de inclinaciones políticas. Recordó que, actualmente, Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz son procesados por presunta asociación ilícita por posicionar a Raúl González en la Superintendencia de Bancos, interpretando una sentencia de la Corte Constitucional.
A los exintegrantes de la ‘Liga Azul’, los señaló por intentar posicionar a personas afines a la Revolución Ciudadana en instituciones de control. “No solo se trata de auspiciar a candidatos específicos para entidades de control y justicia, sino que también se está tratando de cooptar los mandos medios”, sostuvo.
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