La fiscal general del Estado, Diana Salazar, anunció que se prorrogará en funciones hasta ser legalmente reemplazada, pese a que culminó los seis años de su periodo. En NotiMundo Estelar, el abogado constitucionalista, André Benavides, cuestionó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no tramitar en los plazos establecidos el concurso para nombrar al suceso de Salazar.

Créditos: Fiscalía

«La Fiscalía General del Estado continuará garantizando el acceso a la justicia bajo esta administración», así anunció Diana Salazar la prórroga de sus funciones, así como las del fiscal subrogante, Wilson Toainga. El pronunciamiento de Salazar ocurre luego de que la Procuraduría aclaró que puede mantenerse en el cargo hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre a la nueva autoridad.

Mientras tanto, el concurso para designar al próximo Fiscal se mantiene en pausa, tras los escándalos que envuelven al propio Consejo, en el que tres de sus integrantes del Pleno fueron destituidos y una actual vocal es procesada por presunta asociación ilícita.

Durante los últimos años, la Fiscal General lideró investigaciones emblemáticas a escala nacional como los casos Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, entre otros. En la Asamblea Nacional enfrentó incluso varios intentos por llevarla a juicio político, un trámite impulsado por el correísmo que no alcanzó el respaldo del resto de bancadas.

De acuerdo con el abogado constitucionalista, André Benavides, el trabajo realizado por Diana Salazar a lo largo de los seis años de su gestión devolvió, en cierta medida, la confianza en la institución. Esto, al considerar que otros organismos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura han dejado varios pendientes y aspectos a mejorar en su administración, desde funcionarios procesados a otros que cumplen sentencias en prisión.

Benavides hizo un llamado de atención al CPCCS, debido a que el proceso para nombrar al reemplazo de Salazar debió estar listo desde hace varios meses, por lo que se podría hablar de un incumplimiento de funciones de los consejeros, que incluso, derivaría en un eventual juicio político.

Al concurso para Fiscal General, se suman otras dilaciones y pausas en el proceso de designación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y otros funcionarios de control.

Benavides cuestionó también el reglamento actual del concurso que, pese a sus reformas, no genera mayores garantías con respecto a la calificación de méritos de los postulantes, al mismo tiempo que se creaban inhabilidades que no constan en la Constitución.

“Este reglamento reformado y reencauchado, tampoco genera mucha seguridad”, dijo.

Antes de conocerse la prórroga en funciones de Salazar, Benavides señaló que el panorama actual del país podría condicionar las actuaciones de la Fiscalía General del Estado. Esto, debido a la falta de presupuesto para atender las inmediaciones en distintas provincias.

“Si hay algo que priorizar debe ser los méritos del próximo fiscal, la experiencia para ejercer el cargo y la probidad que pueda tener”, enfatizó.

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