Se trata de tres diputados del estado Amazonas a los que el oficialismo denunció ante el máximo tribunal por una supuesta compra de votos en su elección.
La medida había impedido la mayoría calificada de dos tercios que la oposición logró en la Asamblea Nacional, de 112 diputados. La Mesa de la Unidad Democrática denunció en ese entonces un supuesto «golpe judicial». El oficialismo aseguraba que la medida es legal y que corresponde a hechos concretos e irregulares observados durante las elecciones parlamentarias.
Así, en lugar de los 167 diputados, en enero habían asumido un total 163 diputados: 109 de la MUD y 54 del PSUV.
Tras la juramentación de estos tres diputados —Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Rommel Guzamana— la oposición consolida la mayoría en la Asamblea Nacional.
En entrevista con Patricia Janiot, Rommel Guzamana, dijo que «si los oficialistas no reconocen a la Asamblea, son cómplices de su propia destrucción».
El diputado nacional indígena dijo que el revocatorio se tiene que hacer «por mandato constitucional» y que hasta ahora los tres diputados están siendo discriminados porque el tribunal ha «violando» sus derechos.
«Si Gobierno quiere orden de captura contra nosotros, tendrá que justificarlo ante tribunal», dijo.
