El exasambleísta y ahora precandidato al Parlamento Andino Virgilio Hernández; la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; y el asesor Christian González se declararon perseguidos políticos, tras conocer el llamado a juicio por rebelión del presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhayya, la noche de este jueves 27 de agosto.

Los tres militantes correístas son investigados por las movilizaciones y paralizaciones ocurridas en el país del 3 al 13 de octubre de 2019, en rechazo a las medidas económicas tomadas por el gobierno de Lenín Moreno en lo referente a la eliminación del subsidio a los combustibles.

En la radio de la Prefectura de Pichincha, Pabón señaló que este caso es muestra de persecución política porque se judicializa la libertad de expresión, pues el sustento de la Fiscalía son dos tuits. “Me llevan a juicio porque digo en un tuit que paren la violencia, no han podido probar un acto violento en que hayamos participado”, expresó.

“Tienen que notificarnos el fallo, debemos revisarlo, es posible que pidamos una ampliación por los temas que tienen que ver con la nulidad, porque el juez aceptó todo, pero dijo que no era sustancial para nulitar el caso”, agregó Pabón ayer.

El juez Jhayya tomó esta decisión en el tercer día de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de rebelión, luego de casi seis horas en el Complejo Judicial Norte, en Quito.

Según Fiscalía, que anunció 140 pruebas testimoniales y 43 documentales en este caso, Pabón participó en el delito de rebelión en calidad de autora mediata, mientras que Hernández y González participaron en calidad de autores directos.

En tanto, Hernández manifestó que es lamentable que el proceso sea reservado porque si no se podría ver la debilidad de los argumentos de la acusación de Fiscalía. “El juez, de manera paradójica, acepta que existieron problemas relacionados con el fuero, con los allanamientos, con mantener la orden de prisión, en mi caso, por veinte días, aunque ya había caducado, pero dice que eso no afectó al proceso en sí”, agregó.

Según Hernández, no existen fundamentos para un juicio por rebelión y es evidente que se trata de una persecución política, pues es un absurdo jurídico acusar de rebelión a tres personas.

“Con la verdad nos defenderemos”, señaló González, el tercer implicado en este caso, en su cuenta de Twitter.

En el primer día el juez Jhayya escuchó la acusación del fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, quien calificó a los tres procesados como culpables del delito de rebelión, tipificado en el artículo 336 inciso primero del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y pidió que se los llame a juicio. En el segundo día por casi cuatro horas se escuchó a las defensas y a los procesados.

Nota Original: El Universo – LINK