La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio duró dos días. La fiscal del caso, Bella Castillo, solicitó que se llame a juicio a los dos procesados como coautores de los delitos de trata de personas, violación, pornografía con utilización de niños, niñas o adolescentes y femicidio.
La fiscal Castillo sostuvo que la muerte de Emilia B. se constituye en un femicidio, debido a que su muerte se suscitó en el contexto de una relación de poder.
«Es un femicidio no íntimo ya que la muerte se produce en el marco de violencia de género, manifestada en la trata de personas, la pornografía y la violación. Aunque no es una relación estricta entre víctima y victimario, existió una relación de poder social, por lo que su deceso se produjo por su condición de ser mujer».
La jueza acogió el pedido de la fiscal y ratificó la prisión preventiva contra los procesados. Además, se mantienen las medidas de apoyo psicológico a los padres y hermanas de la niña, quienes se encuentran dentro del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (SPAVT).
La Fiscalía solicitará la acumulación de penas hasta 40 años de privación de la libertad para los acusados, como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Emilia B. desapareció el viernes 15 de diciembre de 2017 al salir de su escuela y fue encontrada muerta el 19 de diciembre.
El trabajo investigativo permitió la detención de los ciudadanos Tania R. A. alias «10», Manuel A. R. y José Fabián N. alias «Chino». Las tres personas fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación Turi, donde el principal sospechoso se habría suicidado.
Fuente: El Telégrafo
