Ecuador apelará la decisión de la Corte de La Haya. La Procuraduría indicó en un comunicado que se trata de procesos por un supuesto fraude judicial ocurrido, según la petrolera, en el juicio que la condenó a una indemnización para reparar la contaminación causada durante los años de operación de Texaco en el país.
El procurador general del Estado, Diego García, consideró que hay un «claro error» de los jueces holandeses al rechazar «argumentos sólidos» como la «imposibilidad de aplicar retroactivamente el Tratado internacional o para admitir que contra su propia normativa un Estado puede intervenir en las decisiones judiciales».
Según la Procuraduría, los laudos «atentan contra el orden público del Ecuador», pues «a través de ellos se ordena el que el propio gobierno ecuatoriano sea el que desconozca una sentencia válidamente emitida por sus cortes, impidiendo además así que, cualquier análisis sobre la legalidad de dicha sentencia, pueda ser practicado por las cortes ecuatorianas».
El pasado viernes, una corte holandesa rechazó la solicitud presentada por la Procuraduría General de Ecuador para que queden sin efecto los laudos emitidos, al considerar que estos violan «el derecho público ecuatoriano» y contravienen los principios de separación e «independencia de poderes» del Estado, según los argumentos del país andino.
En esos laudos, el tribunal arbitral aceptó las alegaciones de la compañía y endosó al Estado ecuatoriano una multimillonaria multa, al considerar que Ecuador había denegado justicia a la petrolera y violado un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos.
Además, también se determinó que Ecuador debía reconocer un acuerdo final de remediación ambiental de 1998 que liberaba de responsabilidad a Chevron.
Este es solo un capítulo más de uno de los mayores litigios medioambientales de la historia, que ya dura más de 20 años y en cuyo centro se encuentran los daños ambientales y sociales supuestamente ocasionados a la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990 por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.
La Justicia ecuatoriana condenó a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares, pero la petrolera se ha resistido a cumplir la sentencia por considerar que ese fallo fue producto de un fraude en su contra, supuestamente apoyado por el Gobierno.
El pasado viernes, Chevron celebró la decisión de una corte de La Haya de rechazar la anulación de los laudos emitidos por un tribunal arbitral de esa jurisdicción contra Ecuador, en el marco de una demanda presentada en 2009 por la compañía.
«Esta decisión refuerza la integridad del procedimiento arbitral, y asegura que se responsabilizará a Ecuador por las violaciones de sus compromisos internacionales», indicó en un comunicado la petrolera con sede en San Ramón (California, EE.UU.).
«Esperamos ahora el laudo definitivo del Tribunal sobre el fondo del caso, el cual responsabilizaría a Ecuador por los múltiples fraudes cometidos en contra de Chevron a lo largo del caso de Lago Agrio», concluyó la empresa.
García rechazó las declaraciones de Chevron efectuadas en torno a esta decisión que, opinó, realzan la supuesta legitimidad de los laudos arbitrales, cuando aún no se han agotado las instancias de revisión ante las Cortes Holandesas y, equivocadamente, anuncian una victoria en el laudo definitivo a ser dictado en el proceso arbitral en curso, dice la Procuraduría en un escrito.
