La funcionaria explicó que la acción de la política pública debe «permitir la garantía de los derechos de los sectores más vulnerables de la sociedad».
«Es vital que se articule y visibilice el mecanismo de la participación ciudadana ya que las instituciones podemos hacer de todo porque tenemos la capacidad, pero si esa acción de la política pública no está vinculada a la participación ciudadana, no tiene mayor sentido», agregó Ocles, quien se encuentra en Cartagena, donde participa en la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas.
Ocles destacó que, además de la gestión de riesgo inclusiva, la política pública de Ecuador desde el desarrollo del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos trabaja «profundamente» para conseguir una inversión e infraestructura resiliente.
La funcionaria dijo que, luego de presentar el pasado 16 de abril el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, ahora están «trabajando en la capacitación con las autoridades que nos permitirá garantizar los derechos de la gente a partir de nuestra propia capacidad de responder frente a una emergencia o un desastre».
El plan es un documento que se creó para «preparar de una mejor forma al Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y así mitigar de mejor manera los impactos derivados de emergencias y desastres naturales o acontecimientos peligrosos provocados por el hombre».
Aseguró que si en 2016, cuando un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el noroeste del país y que dejó al menos 670 muertos, hubieran tenido el plan «se habría podido ordenar la capacidad de respuesta institucional».
Fuente: El Telégrafo
