Sostuvo, según medios locales, que este proceso de formalización y legalización «es largo» y que de los 40.000 mineros ilegales «apenas 6.000 se han regularizado».
Este regularización se llevará a cabo, dijo, «dentro de un marco legal claro, precautelando la seguridad y el futuro de las poblaciones de los sectores mineros».
Para Granda, esta legalización forma parte de la iniciativa gubernamental de «transformar y fortalecer el proceso productivo, político, social y ambiental de la pequeña minería y minería artesanal» en el Ecuador.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericana (ASGMI), Raúl Cruz, defendió la necesidad «imprescindible» de no usar el mercurio para la extracción minera por su alto poder contaminante.
«Lo que queremos es que vean que se puede ser responsable y obtener más productividad sin este peligroso producto», afirmó Cruz, siempre en declaraciones recogidas por los medios locales.
