«Nos hemos dado cuenta de que el Estado no está presente, lamentamos mucho el hecho. Sin embargo, vamos a seguir con esta audiencia», dijo el comisionado James L. Cavallaro al comienzo de la primera de las dos audiencias sobre Ecuador previstas para hoy.
A pesar de esta primera ausencia, el Gobierno ecuatoriano sí acudió a la segunda audiencia programada para hoy sobre el caso individual referente a la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbo cuando estaba internado en un hospital público de la ciudad de Quito.
Esta es la quinta vez (no consecutiva) que Ecuador dejó vacíos algunos de los asientos que le corresponden en las audiencias públicas que celebra bianualmente la CIDH, institución que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que hoy en su sede en Washington inició un nuevo periodo de sesiones.
En el más reciente periodo de sesiones, celebrado en octubre de 2015, el Estado ecuatoriano estuvo representado en una de las audiencias para tratar casos que atañen a ese país, pero faltó a las tres siguientes.
Ecuador no envió representantes estatales ni en marzo de 2015, ni en las citas de marzo y octubre de 2014 ni tampoco en el periodo de sesiones de octubre de 2013.
En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, y que fue leída hoy en la primera sesión, el Gobierno de Ecuador criticó el formato de las audiencias temáticas, en las que se trata un tema más amplio, frente a las no temáticas, en las que suelen abordarse casos concretos.
«Ecuador rechaza la utilización de este foro interamericano para exponer insistentemente supuestos reclamos sobre casos particulares, ya que este mecanismo atenta no solo contra el procedimiento reglamentario de la CIDH, sino también contra los derechos de defensa del Estado Ecuatoriano», reza la misiva.
En su carta, firmada por el vicecanciller ecuatoriano, Xavier Lasso, el Ejecutivo del país andino defendió la «improcedencia jurídica» de asistir a la primera de las audiencias de carácter temático sobre la libertad de asociación de los pueblos indígenas del Ecuador.
Esta audiencia fue convocada a petición de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (CDH-PUCE), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), entre otras.
«La participación constante de los mismos actores origina un posicionamiento politizado que pretende reflejar la visión de un grupo de la sociedad nacional, que pretende arrojarse el rol de vocero de la sociedad ecuatoriana y no de su conjunto», criticó el Gobierno de Ecuador en su carta.
En este sentido, Quito insistió en que, desde 2007, la CIDH ha convocado a Ecuador a 22 audiencias temáticas, de las que 10 han sido solicitadas por algunos de los mismos peticionarios que asistieron hoy a la audiencia sobre la libertad de asociación de los pueblos indígenas del Ecuador.
Según el Gobierno del presidente de Ecuador, Rafael Correa, desde 2007 siete audiencias de la CIDH han tratado sobre pueblos indígenas.
El Gobierno de Ecuador es uno de los más críticos con la actuación de la CIDH, a la que acusa de ser parcial en su contra y de otros países.
El Ejecutivo ecuatoriano también ha defendido, en varias ocasiones, el cambio de la sede de la CIDH de Estados Unidos a un país que haya ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, uno de los instrumentos jurídicos de la CIDH, algo que el Gobierno de EEUU no ha hecho.
