Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la ministra expuso ante los países más industrializados la problemática que enfrenta Ecuador en su límite territorial con Colombia, donde «la acción del crimen organizado ha causado en las últimas semanas la muerte de siete personas, decenas de heridos y daños materiales del lado ecuatoriano».
La solicitud la hizo en el marco de una reunión del grupo con el lema «Construyendo un mundo más pacífico y seguro», en la que participaron titulares de Exteriores de Colombia, Croacia, Ghana, Guatemala, Jamaica y Panamá, además de Ecuador.
La presencia de Espinosa respondió a una invitación especial del Gobierno de Canadá, que alberga la reunión. El G7 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, y también cuenta con la presencia de la Unión Europea.
spinosa manifestó en la cita que la situación que atraviesa la frontera norte ecuatoriana es «muy difícil» y que el Gobierno ha adoptado esfuerzos y acciones «de manera inmediata» para tratar de asegurar la paz y el desarrollo.
También resaltó que se requiere corresponsabilidad para hacer frente al fenómeno de la inseguridad protagonizada por grupos armados dedicados principalmente al narcotráfico, y que para ello es fundamental la cooperación.
«Es una prioridad el fortalecimiento de la cooperación internacional para luchar contra las organizaciones criminales trasnacionales», dijo la canciller al alertar de que la delincuencia organizada no tiene fronteras y amenaza la paz y la seguridad.
«Este escenario requiere el fortalecimiento de una respuesta multidimensional coordinada en las regiones tanto a nivel bilateral como multilateral», sostuvo.
La ministra recordó que Ecuador acoge al mayor número de refugiados en América Latina y el Caribe, con alrededor de 60.000 personas, de las que el 97% son colombianas, debido al conflicto en el país vecino.
Ecuador tiene registradas además, 235.000 solicitudes de refugio, el 90% de las cuales son de ciudadanos de Colombia.
Fuente: El Telégrafo