El expresidente Rafael Correa, su vicepresidente Jorge Glas, el excontralor Carlos Pólit, los exministros Carlos Pareja Yannuzzelli, Walter Solís, Alecksey Mosquera, María Duarte, Vinicio Alvarado, el exsecretario Jurídico Alexis Mera, el ex presidente del Banco Central Pedro Delgado, la ex coordinadora del Instituto de Seguridad Social (IESS) María Sol Larrea, y el exdirectivo de Petroecuador, Álex Bravo, hacen parte de la lista de personas con una sentencia en fase de ejecución.
El abogado del Estado es la Procuraduría General y está a cargo del proceso de recuperación y para ello creó, en junio pasado, la Unidad de Recuperación de Activos, la cual pretende actuar al «estilo comando», señaló el procurador general, Íñigo Salvador, para dedicarse solo a este tipo de casos emblemáticos de corrupción y a la ejecución de sus sentencias.
Salvador ha reconocido la complejidad y el tiempo que tomará la recuperación de los activos que cubran las penas económicas dispuestas en estos casos en los que el afectado mayor ha sido la propia población.
Entre los aspectos que hacen compleja y demorada la recuperación está, entre otros, la cantidad de sentenciados en casos como el Sobornos 2012-2016 -en el que hay 20 personas condenadas-, los tiempos de la Función Judicial que suelen ser más o menos prolongados, además de los procesos de investigación para definir qué bienes realmente poseen los sentenciados para cubrir sus penas económicas, lo cual podría incluir el analizar bienes que se presumen fueron entregados a terceros, en lo local e internacional, para esconderlos de un proceso penal.
En los papeles la Procuraduría espera recuperar $ 364.204 del proceso por enriquecimiento ilícito contra Álex Bravo; $ 3,6 millones de María Sol Larrea por un caso por enriquecimiento ilícito; $ 50,4 millones, que es la suma de $ 12,6 millones de reparación y $ 37,8 millones de pena pecuniaria, de Carlos Pareja Yannuzzelli y otros sentenciados por un cohecho parte de la trama de corrupción en Petroecuador.
Además de $ 33,3 millones por el caso asociación ilícita Odebrecht, en el que se condenó a Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros; $ 2 millones por lavado de activos en el que fue declarado culpable el ex ministro de Energía Alecksey Mosquera, su padre y su tío político; y los $ 14,7 millones que deben pagar el exmandatario Correa, Glas, ocho exfuncionarios públicos y diez empresarios declarados culpables del delito de cohecho pasivo agravado.
También están los $ 614.655 que tiene que pagar el primo de Rafael Correa, Pedro Delgado, junto a otros sentenciados, por el delito de peculado bancario. Delgado tiene una sentencia por enriquecimiento ilícito que aún no está en firme.
Y finalmente los $ 40,4 millones que deberá pagar solo el excontralor Pólit, luego de que un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, el pasado miércoles, le negó su recurso de casación y le confirmó la sentencia por el delito de concusión, caso en el que en casación se ratificó -por un voto de mayoría- la inocencia de su hijo Jhon. Pólit padre tiene un llamado a juico en la causa por asociación ilícita Odebrecht en pausa, pues no se le puede juzgar en ausencia ya que permanece como prófugo de la justicia .
En la práctica, de los $ 14,7 millones del caso Sobornos solo han pagado la reparación integral que les corresponde los empresarios Alberto Hidalgo ($ 338.000, como cómplice) y Manuel Fontana ($ 778.000, como autor directo); mientras que el empresario Ramiro Galarza, de Consermin, plantea un proceso de mediación con la Procuraduría respecto a la forma de pago de los $ 778.000 que debe, y Pedro Verduga, dueño de la empresa Equitesa, dice que se le cobre los $ 778.000 como autor directo mediante una dimisión de bienes o en efectivo a través de una compensación de créditos por los valores que dice le adeuda el Estado.
En este caso, por ejemplo, la exasistente Laura Terán ha adelantado no tener dinero o bienes para cancelar su reparación económica y algo parecido lo indicó la defensa de Mera, quien se encuentra cumpliendo su pena de ocho años de cárcel como coautor en el Centro de Rehabilitación de Cotopaxi. La Procuraduría junto al pedido de ejecución del fallo, hecha a inicios de noviembre último, entregó como información al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia un listado de bienes que aparecerían a nombre de los condenados en esta causa.
Sobre Larrea por enriquecimiento ilícito, en noviembre pasado, la Unidad de Recuperación de Activos en El Empalme (Guayas) embargó derechos y acciones en ocho solares, derechos y acciones sobre un consultorio en el edificio Torre Médica 2, en Guayaquil, y un lote de 300 joyas localizado en una bóveda del Monte de Piedad. Larrea tiene además dos sentencias por tráfico de influencias y una por peculado, ninguna aún en firme.
En cambio, el exministro Alecksey Mosquera cumple lo que le resta de los cinco años de condena bajo el régimen semiabierto, pidió disculpas públicas en la Corte y ha dicho que «está viendo cómo hacer» para cancelar los $ 666.000 que debía pagar hasta el 11 de diciembre último como parte de un total de $ 2 millones impuestos como multa.
Ramiro Albarracín, abogado del tío político de Mosquera, Marcelo Endara, señaló que de ninguna forma su cliente tiene los recursos para pagar una multa de $ 666.000, a la que califica de «desproporcionada».
Aunque el caso por cohecho contra Pareja Yannuzzelli no está a cargo de Miguel Revelo, el abogado del exministro en otros cuatro procesos por supuestos actos de corrupción que no tienen sentencia en firme, tiene claro que no podrá pagar los millones de dólares que se le quiere definir como reparación en el delito de cohecho y por otros casos en los que, insiste, son políticos y su defendido no cometió ningún delito ni se enriqueció ilícitamente.
Revelo asegura que su cliente solo tiene a su nombre un departamento, un vehículo y una cuenta en Panamá a nombre de la empresa Capaya con $ 240.000 que no serían de Pareja Yannuzzelli, sino de Álex Bravo y la empresa Azul.
Por enriquecimiento ilícito contra Bravo, información de la Procuraduría señala que se estaría ya en la cuarta fase del proceso de recuperación, es decir, el embargo y la retención de bienes para cubrir $ 364.204 definidos como reparación para el Estado.
En el proceso por asociación ilícita relacionado con la trama de corrupción que Odebrecht implementó en el país para hacerse de obra pública, la Procuraduría ya habría hecho el pedido al Tribunal respectivo para la ejecución de una sentencia que quedó en firme luego de que se negó el recurso de casación a Glas, Rivera y otros, en octubre de 2019.
Aníbal Quinde, abogado de Rivera, entiende que la fase de ejecución está vigente desde que les negaron la casación y quedó en firme la sentencia en todas sus partes, pero no conoce nada sobre el pedido de ejecución. Lo que sí reconoce saber es que a finales de noviembre último se puso en conocimiento de las partes procesales que sería remitido el expediente al Tribunal de Juicio para que lleve adelante la ejecución del fallo.
La Fiscalía planteó que Glas y Rivera debían cubrir $ 14,1 millones del total de $ 33,3 millones, pero para Quinde eso aún no ha sido clarificado.
Para Pólit el proceso de ejecución de su sentencia se iniciará cuando el Tribunal de Casación entregue el proceso al Tribunal de Juzgamiento, que se transforma en Tribunal de Ejecución; mientras que en el caso de Pedro Delgado y otros la Procuraduría ya ha hecho la investigación de los bienes que poseen los condenados, hizo el pedio de ejecución al Tribunal y tiene un mandamiento de ejecución, faltando solo el embargo y la retención.
En todos los casos, si los procesados voluntariamente no pagan los montos definidos se procederá a través de una orden judicial al embargo, a un remate judicial con el propósito de cumplir con la indemnización en favor del Estado. Si de la venta forzosa de los bienes vía remate y después de hacer el pago al Estado existiera un remanente, esos recursos quedan en propiedad de los titulares originales.
A decir de Salvador, la última fase de este proceso de recuperación, en donde realmente se verá que los dineros tomados por actos de corrupción vuelven al Estado, es en la etapa de remate al sacar a la venta esos bienes al mejor postor.
De no completarse con el pago de indemnizaciones con los bienes y los recursos en el ámbito nacional, para identificar en el exterior posibles bienes y recursos de los sentenciados o relacionados con ellos, la Procuraduría estaría contratando estudios jurídicos extranjeros o empresas especializadas en la identificación y ubicación para poder así iniciar los proceso necesarios sobre ellos.
Nota Original: El Universo – LINK
