“Hay muchas partes del laudo que no son claras, que requieren algo más de elaboración por parte del Tribunal”, agregó el funcionario en declaraciones al canal Teleamazonas.
En 1993, indígenas y pobladores amazónicos demandaron en un Tribunal de Nueva York a Texaco, que operó en el país entre 1964 y 1990, y que fue adquirida por Chevron en 2001. La Corte obligó a la empresa a someterse a la Justicia ecuatoriana.
Los demandantes alegaron que el derrame de desechos tóxicos contaminaron suelo y fuentes de agua, afectando a unas 30 000 personas. Chevron fue sentenciada en primera instancia en febrero de 2011 a pagar USD 9 500 millones. Esa fue considerada la condena más alta en un juicio ambiental contra una petrolera.
Tras apelaciones, el caso llegó hasta la Suprema Corte Nacional de Justicia, que confirmó el fallo, al igual que la Corte Constitucional en julio pasado. La firma, que atribuye el daño ambiental a la estatal Petroecuador, había recurrido a tribunales internacionales.
Chevron no invirtió El reciente fallo de La Haya determina que Ecuador es responsable por la denegación de justicia a Chevron y le ordenó dejar sin efecto la sentencia contra la petrolera. El dictamen comprometió las pretensiones de pobladores amazónicos de cobrar la indemnización.
Salvador manifestó que el fallo, que aún no establece una indemnización a favor de Chevron, “todavía no es definitivo en el sentido de que obviamente vamos a intentar las acciones que el derecho internacional nos franquea para evitar que el laudo llegue a hacerse completamente ejecutorio”.
Añadió que “probablemente” Ecuador también demandará la “nulidad” del laudo ante cortes holandesas. El Tribunal de La Haya consideró además que Ecuador violó un Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos en el caso Chevron, que lleva 25 años.
El Procurador argumentó que ese TBI “no estaba vigente cuando Texaco realizó su inversión en el país. Chevron en realidad no realizó ninguna inversión en el país, Chevron lo único que hizo es comprar los derechos y acciones de la compañía Texaco cuando ya había salido del país”.
“Eso obviamente vicia la supuesta competencia del Tribunal arbitral”, consideró. Salvador señaló que con el laudo, los demandantes “vuelven a foja cero y tendrían que comenzar nuevas acciones, lo cual sin duda es una tremenda injusticia para ellos”.
Pese a que el laudo frena las intenciones de los pobladores afectados de cobrar la millonaria condena, este reconoce su derecho a presentar nuevas demandas individuales.
