Este evento fue auspiciado por el Gobierno de Canadá y contó con la participación del Ministro de Inmigración, Refugio y Ciudadanía de ese país, John McCallum.
Al iniciar su ponencia la Viceministra de Movilidad Humana destacó que el Ecuador, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en situación de movilidad, ha fortalecido los mecanismos para garantizar el ejercicio de derechos de los ecuatorianos en el exterior, así como de las personas extranjeras en territorio ecuatoriano y en situación de refugio.
“Nuestro país no criminaliza la migración. Al contrario, reconocemos el derecho a migrar como un derecho fundamental de las personas y su pleno ejercicio es una tarea indispensable de nuestra política pública”, aseveró.
Puntualizó que en el 2015, los asambleístas representantes de los ecuatorianos migrantes presentaron a la Función Legislativa el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana (la primera de su género a nivel mundial), la cual reconoce la supremacía de las personas como sujetos de derechos. “Esperamos que este proyecto de ley entre en debate en la Asamblea Nacional en las próximas semanas”, expresó.
El Estado Ecuatoriano al ser suscriptor y al haber ratificado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su Protocolo Adicional de 1967 ha logrado significativos avances en temas de refugio como es el adoptar la definición ampliada de refugiado, en atención a la Declaración de Cartagena de 1984, de la cual también somos subscriptores, lo que ha permitido generar políticas públicas, acciones y una estructura institucional encaminadas a proveer asistencia a la población en necesidad de protección internacional.
“En Ecuador, el derecho a solicitar refugio alcanzó un rango constitucional en el año 2008, y por primera vez se estableció el principio de no devolución, el cual constituye la piedra angular en la protección internacional de las personas solicitantes y con estatus de refugiadas”, indicó.
Mencionó que Ecuador, con una población de 16 millones 200 mil habitantes, en una superficie de un poco más de 283.000 Km2, y un Producto Interno Bruto de $108 mil millones de dólares, alberga a más de 60.000 refugiados, que representan el 0,37% de la población nacional.
“Hemos recibido a más refugiados que cualquier otro país en América Latina y el Caribe; ellos provienen principalmente de nuestro país vecino, Colombia, constituyendo el 95% del total de refugiados. Por lo tanto, la Paz en Colombia, es también la paz en América Latina y la paz en el Ecuador y seguiremos trabajando con nuestros hermanos colombianos para consolidar esa paz”, enfatizó la Viceministra.
Ecuador ha mantenido una agenda política comprometida con el reconocimiento al derecho de refugio y asilo de personas que se encuentran en necesidad de protección internacional.
Además de los 60.000 refugiados, en Ecuador se encuentran más de 230.000 solicitantes de refugio. Ninguno de ellos está en un territorio preconcebido para el efecto, en campos de refugiados, en barrios o ghettos. “Ellos se desplazan libremente por el territorio nacional. Escogen su lugar de residencia, emprenden en la actividad que a bien tuvieren y gozan de los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos ecuatorianos, con acceso universal al sistema público de salud y educación, en todos sus niveles. De hecho, nuestro país tiene un índice de inclusión de las personas refugiadas en territorio ecuatoriano de un 59.7%, de acuerdo los mismos datos del ACNUR”, expresó.
También mencionó una buena práctica en Ecuador, fruto de un trabajo conjunto entre ACNUR, el Ministerio de Educación, maestros, psicólogos, padres y madres de familia y estudiantes, que incluyó a 36 escuelas públicas y fideicomisas en Guayaquil, Durán y Samborondón.
Otra de las importantes acciones realizadas en los últimos años a favor de la población refugiada en el Ecuador fue el registro ampliado de personas en necesidad de protección internacional, realizado en colaboración con el ACNUR, entre marzo 2009 y marzo 2010, periodo durante el cual el Ecuador reconoció a 32.000 personas con estatus de refugiados.
La Viceministra de Movilidad Humana exhortó a la comunidad internacional, especialmente a los Estados que aún no han suscrito los instrumentos internacionales relativos a la materia de refugio, para que asuman su compromiso jurídico, político y sobretodo humanitario, a favor de los millones de personas desplazadas en el mundo.
“Los representantes de los Estados aquí presentes, debemos reconocer que el escenario mundial se ha visto complejizado por el incremento de conflictos armados, fruto de inequidades estructurales históricas de exclusión socio-económica de gran parte de la población mundial. Este incremento de conflictos ha provocado grandes movimientos forzosos de personas en busca de cualquier tipo de protección internacional. En este sentido, exhortamos a los Estados a recordar la terrible tragedia que significa que 1 de cada 113 seres humanos sean refugiados, desplazados o solicitantes de asilo. Esto nos conmueve y obliga a propugnar la paz como una solución primaria a estas realidades, sin olvidar que aún sigue siendo una deuda histórica de nuestros gobiernos”, agregó.
Ante lo mencionado, la Viceministra Cuesta considera ineludible incrementar esfuerzos para asumir nuestras respectivas responsabilidades respecto a la acogida de personas que buscan protección internacional, considerando además la situación de extrema vulnerabilidad que enfrentan y adoptando procedimientos en nuestras legislaciones internas que garanticen el debido proceso en todas las etapas del reconocimiento de su estatus.
“Los Estados debemos ser capaces de salvaguardar sus derechos frente a cualquier acto ilícito o de violencia en su contra, debemos luchar contra la discriminación por causas de nacionalidad, estatus migratorio, origen étnico, género, entre otros”, acotó.
La Viceministra Esther Cuesta concluyó su intervención subrayando el importante aporte que representa la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, donde por primera vez se hace referencia al tema migratorio; los Estados nos comprometimos a “facilitar la migración y la movilidad, ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, entre otras cosas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”, a este punto reafirmamos nuestro compromiso e incentivamos a los países a «no dejar a nadie atrás», reforcemos el sentido de corresponsabilidad y de solidaridad internacional desde todos los espacios de nuestras sociedades, y sobre estas mismas bases, aseguremos la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y en necesidad de protección internacional”.
