Karina Peralta, vocal del CJ, afirmó que para la transformación del sistema judicial ecuatoriano, el primer paso fue implementar un Plan Estratégico que permita asegurar la transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia; promover el óptimo acceso a la justicia; impulsar la mejora permanente y modernización de los servicios de justicia; institucionalizar la meritocracia en el sistema, y combatir la impunidad contribuyendo a la seguridad ciudadana.
Destacó además los concursos de méritos, oposición, impugnación ciudadana y control social a través de los cuales se amplió la cobertura judicial con el nombramiento de nuevos jueces, fiscales, defensores públicos, notarios.
En un periodo de cinco años, dijo, Ecuador pasó de tener una tasa de 7,55 jueces a 12,48 por cada 100 mil habitantes, superando el promedio regional (11).
De igual forma, resaltó el trabajo de la Escuela de la Función Judicial (EFJ) en los procesos de formación inicial y continúa, así como en la capacitación de los funcionarios, a través de un modelo educativo sistémico, integral, incluyente, participativo y plural.
Indicó que entre 2013 y 2015, 4 244 servidores judiciales, entre jueces, fiscales, defensores y notarios, recibieron formación inicial, mejorando así sus habilidades y destrezas para su labor en beneficio del usuario.
El Consejo de la Judicatura, así como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Trabajo, representan a Ecuador en las reuniones que el Comité de Expertos del Mesicic mantiene desde la semana pasada, para evaluar los informes de cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Expertos de Guatemala, Surinam y de la Secretaría Técnica del Mesicic evaluaron las acciones emprendidas por Ecuador y redactaron el informe respectivo que analiza también las políticas de adquisición de bienes y servicios por parte del Estado; los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción; y, la tipificación de este tipo hechos.
La versión final del documento ya fue aprobada y será remitida a la Conferencia de Estados Parte de la Convención.
