El Senae publicó en un comunicado las identidades de las personas a las que les llegó la carga y les pidió contactarse para realizar un reconocimiento físico de la carga «en presencia del migrante».
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador abrió este viernes una segunda investigación, por estafa, en relación con la empresa de paquetería OGC.
Se trata de una indagación abierta ante denuncias contra la empresa, presentadas por personas perjudicadas y que se lleva a cabo de forma paralela a un primer proceso por evasión tributaria, según informó la FGE.
Las autoridades ecuatorianas registraron el jueves unos almacenes de la empresa en el cantón Durán, en la provincia del Guayas (suroeste), mientras que el Senae dijo ese día que investigaba contenedores llegados al puerto de Guayaquil presumiblemente con mercancía de la firma OGC.
El organismo señaló que está en contacto con la embajada de Ecuador en España para averiguar si existen otros contenedores con envíos de esa empresa en puertos españoles, en aguas internacionales o «si llegaron a zona primaria en los distintos puertos del territorio nacional».
Agregó que en el caso de los artículos enviados como menaje del hogar, la Aduana «revisará las condiciones y alternativas legales» para que puedan ser entregados en sus destinos.
El fiscal de la provincia de Guayas (cuya capital es Guayaquil), Paúl Ponce Quiroz, indicó que en las intervenciones se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con la manera legal de introducir los artículos en Ecuador.
Algunos de los afectados afirman que enviaron sus bienes desde España y desde que regresaron a Ecuador los reclaman sin éxito.
La empresa de paquetería cerró sus oficinas el lunes pasado sin previo aviso, y miles de cajas enviadas a Ecuador se quedaron sin llegar a su destino.
La compañía, cuya sede central está en Madrid, cuenta con delegaciones en Barcelona y Hospitalet de Llobregat, Palma de Mallorca y Murcia, además de tener afectados también en Londres, Francia, Italia, Alemania y Bruselas.
Solo en Madrid hay más de 1.000 familias perjudicadas, según informó Darwin Castro uno de los portavoces de una plataforma de los afectados, creada en la capital de España.
Los consulados y coordinaciones zonales de Ecuador atenderán los casos de los afectados por el incumplimiento de la empresa, indicó este viernes la Cancillería del país andino, que aseguró que trabaja junto con el Senae y la Fiscalía en las investigaciones sobre «el delito cometido», con el objetivo de conseguir que los perjudicados reciban una reparación.
