La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, rechazó además las «críticas unilaterales, infundadas y politizadas que año a año incluye» dicho informe publicado por el Departamento de Estado.
«Ecuador reitera, una vez más, que este tipo de informes unilaterales y sesgados atentan contra los principios del multilateralismo y tienen como objetivo afectar injustificadamente la imagen internacional de nuestro país, para favorecer intereses de agendas de actores políticos», agrega la nota.
En su informe anual en materia de derechos humanos relativo a 2016, en el caso de Ecuador, el Departamento de Estado alertó sobre «la falta de independencia en el sector judicial, las restricciones a la libertad de expresión, prensa, reunión y asociación y la corrupción».
«Los cuerpos reguladores gubernamentales establecidos bajo la ley de comunicaciones de 2013 emitieron una serie de sanciones, multas y correcciones y retracciones forzadas, principalmente contra medios de comunicación independientes y periodistas», señaló el informe difundido el viernes.
Además, dijo que el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y su Administración, «siguieron realizando ataques verbales y legales contra los medios de comunicación y la sociedad civil».
El Gobierno ecuatoriano respondió al informe y aseguró que, «desde la legitimidad que le confiere haber ratificado todas las convenciones internacionales sobre la materia», en el marco de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, insta a EE.UU. a sumarse a esos convenios.
Por ello, hizo un llamado a Estados Unidos «a demostrar un real compromiso con el Derecho internacional de los Derechos Humanos a través de la adhesión a los múltiples tratados de los que aún no forma parte, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales».
Asimismo, instó a Washington a adherirse a «la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares».
También a «la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad» y a la «Convención Americana sobre Derechos Humanos, por citar únicamente algunos ejemplos».
Solicitó al Gobierno de EE.UU. «escuchar los constantes llamados de la comunidad internacional para poner fin a la grave amenaza a los Derechos Humanos a la que ha expuesto a miles de ciudadanos y ciudadanas en situación de movilidad humana en su territorio».
Asimismo, instó a Washington a «erradicar prácticas sistemáticas de detenciones ilegales, inexistencia de procesos judiciales y las torturas en la cárcel de Guantánamo; la persistencia de la aplicación de la pena de muerte; el ilegal y criminal bloqueo a Cuba; la utilización de aviones no tripulados para asesinar a centenares de ciudadanos alrededor del mundo, entre otra graves situaciones».
De forma adicional, el Gobierno de Ecuador insistió en «el requerimiento constante y urgente» a EE.UU. para que «demuestre su real compromiso de cooperar con la justicia ecuatoriana» y haga efectiva la «extradición de prófugos» investigados o procesados por «casos de corrupción que actualmente residen en territorio estadounidense, dando fin a esta flagrante situación de impunidad».
