En el tratamiento de este tema de grave preocupación para la comunidad internacional, particularmente para los países en desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil, todos los expertos participantes coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones concretas a la evasión y elusión fiscal, al abuso del secreto bancario, la falta de transparencia y la desregulación o falta de regulación tributaria adecuada que pueden constituir un atractivo para las corrientes de fondos ilegales o ilícitos, con graves efectos en los derechos económicos, sociales y culturales de millones de personas, incluyendo el derecho al desarrollo.
Asimismo, destacaron que los flujos ilícitos no se limitan únicamente a aquellos procedentes de actividades ilegales o corrupción, sino también a aquellos recursos lícitos pero destinados a financiar una actividad ilegal, o simplemente aquellos fondos escondidos mediante empresas ficticias y otras sociedades instrumentales con el fin de lograr una tributación muy baja y sobretodo garantizar el anonimato de los verdaderos propietarios de dichos fondos
En este marco, la delegación del Ecuador destacó la reciente propuesta presentada a nivel nacional e internacional a favor de la eliminación de los paraísos fiscales, los cuales resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, con las convenciones sobre la corrupción, entre otros instrumentos internacionales relevantes, incluyendo los compromisos asumidos el año pasado al más alto nivel político como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente su meta 16.4 y la Agenda de Addis Abeba para la Acción sobre Financiación para el Desarrollo.
Para ello, se enfatizó en la necesidad de implementar una economía ética que ponga en primer lugar a los seres humanos y sus derechos, y eliminar estas zonas de abuso y evasión fiscal, que según el informe del Experto Independiente de Naciones Unidas sobre Deuda Externa, esconden entre el 10% y el 30% de la riqueza financiera de los hogares a nivel mundial,
En ese sentido, se informó sobre la propuesta de un Pacto Ético con miras a emitir una normativa que impida que personas que tengan dineros en paraísos fiscales puedan ser dignatarios de elección popular o funcionarios públicos, y se reiteró la iniciativa que se llevará a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York de discutir la eliminación de dichas zonas de evasión fiscal, las cuales constituyen una vergüenza para la humanidad en el siglo XXI.
El Comité Asesor y los Expertos Independientes agradecieron con gran interés esta propuesta la misma que será incluida entre las opiniones y aportes de los Estados Miembros, las organizaciones internacionales y regionales competentes y otros actores relevantes, para su informe a ser presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 36 periodo de sesiones.
Ecuador es miembro del Consejo de Derechos Humanos por el periodo 2016-2018 y es parte de los 9 Tratados principales en materia de derechos humanos adoptados en el seno de las Naciones Unidas, presenta informes periódicos a los Comités que se derivan de los mismos, mantiene una invitación abierta permanente a los procedimientos especiales de derechos humanos y trabaja de manera estrecha con la Oficina del Alto Comisionado de NNUU para los Derechos Humanos y las Oficinas Regionales o Nacionales, liderando entre otras iniciativas, el proceso de discusión y futura negociación hacia un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las transnacionales y los derechos humanos.
