Así lo refleja un balance presentado hoy por dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y defensores de los Derechos Humanos.
Según Wilson Ordóñez, abogado de la CONAIE, también el 2016 cierra como un «año de la judicialización y el hostigamiento» contra líderes sociales. Entre ellos aludió a los 21 de Saraguro (Loja), que fueron condenados por un tribunal a ofrecer disculpas a la Policía, y a los 7 de Pastaza, que afrontan querellas por ejercer su derecho a la resistencia.