Para entrar en vigor, el Acuerdo de París debe contar con la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de al menos 55 Estados Parte, cuyas emisiones sean equivalentes al 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.
A pesar de ser responsable de apenas el 0.1% del total de emisiones del CO2 pero sufre consecuencias del cambio climático, el Ecuador desempeñó un papel importante en el proceso de negociaciones de la COP21 en la cual, como Presidente Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – CELAC, y como miembro activo del Grupo de Países en Desarrollo de Pensamiento Afín – LMDC y de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – ALBA, defendió el principio de “Responsabilidades comunes pero Diferenciadas” que debería ser asumido por los Estados Parte.
Durante las negociaciones, el Ecuador colaboró de manera significativa al texto final con la inclusión del concepto de “justicia climática”. Asimismo, en materia de bosques, Ecuador aportó con su experiencia en políticas e incentivos positivos para la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques; en políticas de conservación, gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono.
Para el Gobierno del Ecuador, el Acuerdo de París representa el punto de partida que busca un mundo con energía limpia, a partir de la implementación efectiva de estrategias firmes para la reducción de emisiones globales de gases de efecto invernadero.
En ese sentido, el Ecuador lamenta que, si bien el Acuerdo es de naturaleza jurídica vinculante, los objetivos de reducción de la emisión de gases de efecto invernadero no lo son. El Ecuador reafirma su apoyo a los Derechos de la Naturaleza con una Declaración Universal
Finalmente, la inclusión en el Acuerdo, de los principios de equidad y de responsabilidades comunes pero diferenciadas, son avances positivos. Es responsabilidad de los países desarrollados el cumplimiento de sus compromisos hacia los países en desarrollo en materia de financiamiento, transferencia de tecnologías y fortalecimiento de capacidades.