Ecuador lidera esta iniciativa de carácter global, a partir de la resolución 26/9 tomada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014. El Grupo de Trabajo es presidido por la embajadora de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra, María Fernanda Espinosa. La iniciativa cuenta con el apoyo de 120 organizaciones sociales de la región y el mundo.
El canciller Guillaume Long en su intervención mencionó que: “Nuestro Gobierno aboga por un nuevo e innovador marco normativo entre empresas transnacionales y Estados receptores de la inversión. Una relación caracterizada por el respeto de estas empresas a las legislaciones nacionales y a los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos existentes. Un marco que siempre permita anteponer los intereses de las personas por sobre los del capital, pero que consiga armonizar los intereses de todos los actores. Necesitamos reglas claras, justas, de obligado cumplimiento, que garanticen el ejercicio de los derechos humanos, así como una correcta implementación de la inversión extranjera que ayude a generar un desarrollo sostenible”.
Para el titular de la diplomacia ecuatoriana, este instrumento jurídico internacional permitirá que los Estados y los pueblos de todos los países puedan reclamar por sus derechos en caso de que transnacionales que operen en su territorio vulneren derechos humanos, ambientales, entre otros.
“La facilidad con que el capital transnacional es capaz de traspasar fronteras genera en ocasiones falta de claridad respecto de estándares mínimos que las empresas transnacionales deben respetar en cualquier lugar. Por ello, creemos que es necesario avanzar en mecanismos vinculantes. (…) La autorregulación no garantiza los derechos humanos básicos y, por el contrario, sostiene un régimen internacional injusto y asimétrico en cuanto a las obligaciones que asumen distintos actores”, expresó el Canciller.
Una vez que este tratado sea ratificado por los Estados, estos últimos tendrán la posibilidad de reclamar a las transnacionales, violaciones de derechos universales. Ecuador pone como ejemplo del perjuicio del que pueden ser víctimas los países, la situación judicial que vive con la transnacional Chevron-Texaco. Los litigios internacionales, pese a que está comprobada la contaminación y daños en la Amazonía, han fallado a favor de la corporación y han obligado a Ecuador a pagar importantes sumas de dinero. Tampoco han cumplido con acciones de remediación ambiental e indemnización a víctimas de la actividad petrolera de la empresa.
Por esta razón es que el Ministro del Ecuador señala que: “Sin embargo, la realidad cotidiana en muchos de nuestros países nos enseña que también las corporaciones y, en particular, las transnacionales, pueden cometer -y de hecho cometen- graves violaciones de derechos humanos. (…) Seamos capaces de construir un sistema que, en el plano de la actuación de las corporaciones transnacionales, también genere obligaciones de obligado cumplimiento”.
La embajadora y presidenta-relatora del grupo de trabajo de la ONU sobre el tema, María Fernanda Espinosa, realizó como introducción una visión histórica de cómo, a través de variados mecanismos, diversos países intentaron crear un instrumento para la regulación de trasnacionales. “Ahora tenemos el honor, tanto Ecuador como Sudáfrica, de liderar este movimiento, que no es contra las transnacionales, sino que busca el desarrollo de reglas claras en cuanto a derechos humanos de manera extraterritorial”.
Espinosa recordó cómo desastres humanitarios causados por empresas en diversas partes del mundo concluyeron en juicios interminables y en remediaciones parciales a las víctimas. Casos como los de Ranaplaza en Bangladesh; el de Bhopal en la India, o más recientemente el de British Petroleum en el Golfo de México son antecedentes que no pueden dejarse de lado. Es más -subrayó Espinosa- las propias transnacionales podrían estar interesadas en un instrumento de este tipo, que por su naturaleza tenga más peso que los arbitrajes internacionales a los que muchas veces se someten tanto Estados como las propias empresas.
Citó también el juicio que interpuso una importante empresa tabacalera contra Uruguay por sus estrictas normas de etiquetado y que finalmente favoreció al país del Cono Sur. “Estos casos son una minoría, pero ilustran la necesidad de un mecanismo de solución de controversias”, enfatizó la embajadora Espinosa.
El objetivo central de todo este esfuerzo es avanzar hacia una herramienta vinculante. “Es evidente que existe un desbalance de poder y de cuerpos jurídicos que establezcan un equilibrio entre las responsabilidad de los Estados, las empresas y el sufrimiento concreto de las víctimas de los abusos. Gran parte de la inspiración de Sudáfrica y Ecuador, al proponer la resolución, es establecer mecanismos concretos de reparación de las víctimas y eso está sujeto a la capacidad de negociación política de las partes”, dijo Espinosa.
En la parte final de su intervención, Espinosa reiteró la importancia de que en la próxima reunión del Grupo de Trabajo que se desarrollará en Ginebra entre el 24 y 28 de este mes, el bloque de América Latina se haga presente y realice aportes desde la visión de la región y subregión con sus conocimiento y talento destinados a la construcción de este instrumento.
