A través de un comunicado, la Procuraduría detalló que el 21 de abril de 2008, la petrolera Burlington presentó una demanda arbitral contra el Estado ecuatoriano, debido a la aplicación de la Ley 42/2006, que estableció una distribución más justa de los ingresos extraordinarios producidos por el incremento en el precio del petróleo en los mercados internacionales.
Según lo recuenta la entidad, la aplicación de la Ley 42/2006, y el incumplimiento por parte de la compañía de los pagos previstos en dicha Ley, derivó en el abandono, en de 2009, de la operación de los bloques a cargo del Consorcio conformado por las compañías petroleras Perenco y Burlington.
Resultado de ello se dio por terminado a los contratos de participación en 2010 a través de la sanción de caducidad. En el arbitraje, Burlington solicitó una indemnización de alrededor de $ 1.500 millones más intereses.
El 7 de febrero de 2017, el Tribunal Arbitral emitió un laudo final en el que descontó alrededor del 78% el valor del reclamo original de la compañía, estableciendo como monto de compensación a favor de Burlington un valor de $ 379’802.267 más intereses.
Además, el Tribunal, en una decisión histórica y creando un precedente fundamental para otros arbitrajes en materia de inversión que deben resolver reclamos por daños ambientales, aceptó la contrademanda del Ecuador en contra de la compañía por daños ambientales y declaró a Burlington responsable de los costos relativos a la restauración ambiental y a la remediación de la infraestructura de los Bloques 7 y 21, por los daños ocasionados, y la condenó al pago de $ 41’776.492,77.
García mencionó que, pese a que no estuvimos de acuerdo con el laudo, una vez que se han ejercido las vías legales para impugnarlo y que este se ha vuelto ejecutable, el acuerdo entre el Ecuador y la compañía Burlington, permitió solucionar una controversia y ratificar el compromiso del Estado ecuatoriano de cumplir con sus obligaciones internacionales.
Además, dijo que este acuerdo le permitirá al Estado utilizar importantes recursos ahorrados al fisco con el descuento en el monto a pagar logrado en este acuerdo y, adicionalmente, invertir los valores reconocidos por las contrademandas en beneficio de la zona afectada por la operación del Consorcio.
Según lo informó la Procuraduría, esta remediación seguirá pendiente hasta que el Tribunal en el arbitraje iniciado por Perenco (la otra compañía parte del Consorcio y que estuvo a cargo de la operación en los bloques 7 y 21) emita su laudo final y determine el alcance de los daños causados por el Consorcio.
