En la carta, dirigida al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (CIPJ), con sede en Washington y uno de los artífices de las filtraciones, el fiscal Bharara informa de la apertura de «una investigación criminal» sobre asuntos «relevantes» vinculados a los papeles de Panamá.
El escándalo de los papeles abarca más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la gestión de capitales en paraísos fiscales, y afecta a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el planeta, entre ellos varios jefes o ex jefes de Estado, o a sus familiares.
