«La administración no ha presentado una propuesta legislativa para cambiar eso», dijo el vocero presidencial Josh Earnest, al referirse a la norma que autoriza la permanencia legal en Estados Unidos a los cubanos que ingresan al país por tierra y sin documentos.
Earnest expresó que su gobierno trabaja con otros países de la región para responder no sólo al tema de los migrantes cubanos, sino de aquellos que provienen del llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
En tanto, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, confirmó que había recibido la carta enviada este lunes al jefe de la diplomacia estadounidense, John Kerry, por los cancilleres de Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y Perú. “Obviamente, estamos preocupados por la seguridad de todos los migrantes en la región, incluidos los que tratan de ir al norte a través del sur y el centro de América y de México”, manfiestó Kirby en su conferencia de prensa diaria.
“La migración ilegal a menudo implica viajes peligrosos que ilustran los riesgos inherentes y las incertidumbres de colaborar con el crimen organizado, incluidos los traficantes de personas, en el intento de llegar a Estados Unidos”, agregó.
Aunque Estados Unidos “sigue alentando a todos los países a respetar los derechos humanos de los migrantes” y seguirá hablando sobre el tema “con Gobiernos de la región”, no tiene ningún plan de cambiar sus políticas migratorias, apuntó Kirby.
En su misiva, los cancilleres expusieron el efecto que esa ley está teniendo en el súbito aumento de los flujos migratorios de cubanos que buscan rutas terrestres para llegar a Estados Unidos.
El tema ya había sido abordado la semana pasada, durante los encuentros que el mandatario estadunidense Barack Obama y el vicepresidente Joseph Biden tuvieron con el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís.
La afluencia de los cubanos que desean llegar a Estados Unidos abrió una ruta desde Ecuador, país que no requería visa a los ciudadanos de la isla, pero que se interrumpió en noviembre del año pasado, cuando el gobierno de Nicaragua cerró su frontera a ese tránsito.
El último flujo masivo se produjo en la frontera de Colombia con Panamá, después de que ese último gobierno optó por cerrar también su frontera a los inmigrantes cubanos, por lo que Bogotá deportó a miles de ciudadanos a Ecuador o a la isla.
