A finales de octubre de 2015 el presidente de la República, Rafael Correa, anticipó que el Gobierno focalizaría los subsidios eléctricos en favor de quienes más necesitan. Entonces el Mandatario señaló que esto le significaría al Estado un ahorro aproximado de $ 120 millones.
De ahí que el pasado 31 de diciembre el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de la Electricidad (Arconel) decidió suprimir la subvención para los sectores industriales y comerciales de media y alta tensión. La medida no incluye a usuarios residenciales.
La resolución se adoptó con base al Análisis del Costo del Servicio Público de Energía Eléctrica y Pliego Tarifario, que, a decir de la entidad, “se enfocó en la democratización de los subsidios que otorga el Estado para el servicio público de energía eléctrica”.
Las nuevas tarifas rigen desde el 1 de enero. Para el sector industrial se fijó un valor de $ 1,19 por kilovatio hora (kWh), que se focalizará al 12% del total de clientes. Mientras que en el segmento comercial la cifra es de $ 1,6 kWh y se aplicará al 4% de los clientes. “La mayoría de industrias y comercios no tendrá variación alguna”, asegura la Arconel.
Según datos del Sistema Nacional de Información (SNI) con corte a octubre de 2015, en Ecuador existen 4’789.241 clientes regulados con servicio de energía eléctrica. De ellos, 47.013 pertenecen al sector industrial, 465.526 al comercial y 4’202.644 al residencial. En este sentido, tomando como referencia los porcentajes calculados por la Arconel, alrededor de 5.641 clientes industriales y unos 18.621 comerciales tendrían que acatar la nueva medida.
De acuerdo al Pliego Tarifario para Empresas Eléctricas, del 1 de enero de 2015, el consumidor comercial utiliza energía eléctrica para fines de negocio, actividades profesionales o cualquier otra actividad con fines de lucro.
El consumidor industrial, en cambio, emplea la electricidad para la elaboración o transformación de productos por medio de cualquier proceso industrial. La reacción de los empresarios ante la resolución no se hizo esperar. Sus opiniones giran en torno a una aparente afectación a la competitividad de las compañías.
Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), dijo, en primera instancia, que de cierta manera lo dispuesto por la agencia no sorprende del todo porque ya se conocía la intención del régimen para este año.
La capital concentra la mayor cantidad de clientes dentro del área comercial, con 127.543 usuarios registrados, según el SNI.
Alarcón aseguró que suprimir la subvención derivaría en una elevación de costos encareciendo los productos; ya que el 97% de la energía que consume el sector comercial es eléctrico, lo cual afectaría de forma directa los gastos fijos de una empresa.
Para disponer de datos reales, la cámara iniciará una evaluación entre sus agremiados a fin de determinar cuál es el impacto que tendrá la medida, puesto que Alarcón considera que uno de los posibles efectos estaría en la generación de nuevas plazas de trabajo.
Puntualizó que la prioridad del sector empresarial es precautelar las fuentes de empleo. De ahí que la propuesta del gremio es que el Estado elimine el pago del anticipo del Impuesto a la Renta, con el objetivo de alivianar la carga a las finanzas de las compañías.
De su lado, Andrés Robalino, presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca, manifestó que la resolución de la Arconel debió considerar la opinión de ambos sectores. “Estamos de acuerdo que los subsidios deben ser focalizados, pero se deben hacer en un trabajo conjunto”, mencionó Robalino.
La Cámara de Cuenca desarrolló un estudio tomando como muestra 10 de las empresas más grandes para medir los efectos. Entre los resultados obtenidos destaca que la eliminación del subsidio impacta un 20% en los costos de producción, indicó Robalino, aunque admitió que no todas las industrias se verán afectadas.
Los detalles para la aplicación de la medida se encuentran definidos en la resolución de la Arconel. El documento fue solicitado a la entidad, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
Ecuador es el segundo país con los precios de energía eléctrica más bajos en Sudamérica, según la Comisión de Integración Energética Regional (CIER). Entre 2007 y 2015 las inversiones realizadas por el Gobierno alcanzan los $ 8.000 millones, cifra que hasta 2017 llegará a $ 12.000 millones.
