Según un comunicado de la legislatura, el debate tendrá como base el informe de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, que previo a la aprobación escuchó los argumentos y propuestas de diversas autoridades inmersas en esta temática, quienes destacaron que con el acuerdo se mejorarán y garantizarán algunos derechos en favor de los refugiados.
En su momento, la presidenta de la comisión, María Augusta Calle, aseguró que este instrumento internacional consolida lo que determina el proyecto de Ley de Movilidad Humana sobre la protección internacional para extranjeros. Pero, también visibiliza la cooperación de ACNUR frente a la política que tiene Ecuador respecto de los más de 60 mil refugiados y unos 200 mil solicitantes de esta condición.
La representante del ACNUR, María Clara Martin, en una de sus comparecencias, explicó que con el Acuerdo se especifican las bases de trabajo y las normas y obligaciones que regirán a esta entidad, así como las condiciones para aumentar los programas de ayuda humanitaria. Sobre el artículo VII, en el cual el gobierno concede al personal del ACNUR privilegios e inmunidades, especificó que solo se aplica en casos que son necesarios para el funcionamiento y acciones llevadas a cabo en el ejercicio de sus funciones.
Desde la Cancillería se indicó que este acuerdo es importante por la cooperación que brinda y brindará el ACNUR para vincular a los refugiados; permite que se aprueben otros convenios para garantizar derechos en campos, como educación y salud; permitiría procesos de reasentamiento, en donde el refugiado elige el país en donde quiere vivir y se mejorarían las condiciones de inclusión social.
