De acuerdo con la abogada constitucionalista, Pamela Aguirre Castro, los dos pedidos de juicio político contra la fiscal Diana Salazar, precluyeron desde el lunes 9 de septiembre.
Explicó que, el 4 de septiembre, el CAL unificó las dos solicitudes y la Comisión de Fiscalización era la encargada de tratar este proceso.
Al no existir votación el pasado lunes, jurídicamente, se dio el archivo, según Aguirre.
Por otro lado, consideró que la postura del Pleno de la Asamblea fue una “manifestación política” y una especie de “llamado de atención” a la Comisión que, esperó hasta las últimas horas para tratar los juicios políticos.
“La jugada de la bancada interpelante fue fallida, ellos intentaban estirar el tiempo”, dijo.
Aguirre cuestionó que convocar una sesión para un tema de gran importancia a las 21h00 deja abierta la posibilidad a sospechas y “mala fe” para no abordar una reunión como se debe.
“Todos estos incidentes en los juicios políticos, dan paso a un debate profundo respecto a reformas a la Ley de la Función Legislativa”, sostuvo.
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