El organismo detalló en un comunicado que el «peligro inminente» que condujo a su instauración no ha desaparecido y que, aunque de menor gravedad que los ataques registrados el pasado noviembre, se han dado desde entonces otros atentados «tanto en el extranjero como en el territorio nacional».
La LDH estima que esa amenaza ya ha desaparecido, por lo que reclamó la suspensión total o parcial del estado de emergencia, dado que mantenerlo supone, en su opinión, «una afrenta grave y manifiestamente ilegal a varias libertades fundamentales».
La negativa llega justo cuando el Ejecutivo socialista se plantea prolongar dicha medida, que someterá a voto el próximo 9 de febrero en el Senado, y una semana después en la Asamblea Nacional.
El actual decreto, adoptado de forma casi unánime en noviembre pasado por ambas cámaras del Parlamento francés, expira el próximo 26 de febrero.
