Dos personas fueron retenidas con fines investigativos, por presunto tráfico de influencias en las pruebas de confianza para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia de 2024. En NotiMundo Estelar, Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura, señaló que, pese a la nulidad parcial declarada en el proceso, se deben adoptar los “correctivos necesarios”.

La Unidad Selecta Especializada en Transparencia de la Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron varios allanamientos la noche del jueves 03 de octubre en Quito, donde se detuvo a los supuestos implicados.

También se levantaron indicios, como computadores, celulares y documentos.

El pasado 26 de agosto, el Consejo de la Judicatura declaró la nulidad insanable parcial del concurso, tras varias irregularidades detectadas en las pruebas de confianza, a cargo de la cuestionada empresa Métricas Web.

La vocal de la Judicatura, Solanda Goyes, consideró que, si bien el actual concurso de jueces ha tenido una serie de cuestionamientos, no podría compararse con los procesos anteriores declarados nulos.

“Si la Fiscalía debe investigar, debe hacerlo, porque es su deber”, dijo.

Reconoció que la fase de la prueba de confianza llevada a cabo por la empresa Métricas Web, fue una “debilidad” del concurso. Por ello, recordó que, tras esto, se resolvió la nulidad parcial del proceso.

“Tenemos que hacer correctivos y dar un giro al concurso”, sostuvo.

Seis funcionarios judiciales destituidos del caso Plaga

El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a cinco jueces y una secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas, investigados por delincuencia organizada en el Caso Plaga.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura, los implicados incurrieron en dos infracciones disciplinarias previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Estos consisten en solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que pongan en tela de duda su imparcialidad.

Con esto, los ahora exfuncionarios habrían beneficiado a personas procesadas penalmente, a cambio de recursos económicos por más de USD 60 000

Sobre este tema, Goyes insistió en que la Judicatura tiene competencias únicamente disciplinarias, pero hizo un llamado a adoptar acciones desde la Fiscalía y otras instancias del Estado para evitar la impunidad de malos funcionarios.

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