El presidente Lenín Moreno manifestó que cada año se requerirán $ 8.000 millones para saldar el déficit fiscal y pagar las amortizaciones de la deuda interna y externa. Asimismo, deben garantizarse $ 2.000 adicionales para cumplir con los objetivos nacionales hasta 2021.
A esto hay que agregar alrededor de $ 15.895 millones por rubros correspondientes a operaciones de corto plazo, pasivos de empresas petroleras, ventas anticipadas de hidrocarburos. En el informe del viernes, Moreno también se refirió a los contingentes que hoy no son deuda pero que podrían transformarse en obligaciones futuras, la deuda con el IESS (solicitada por la Contraloría) y los incentivos por jubilación a los exservidores públicos.
Para enfrentar este requerimiento, analistas consultados consideran la reestructuración de las obligaciones actuales como una opción y no descartan la adquisición de más deuda, incluyendo con los organismos multilaterales. Juan Carlos Jácome, miembro de la firma ecuatoriana EMS Consultores, explica que la adquisición de nueva deuda permitiría “diferir las ‘cuotas de pago’ del momento y venideras en un horizonte mucho más amplio.
Esto ayudaría a reducir ese rubro de gastos o egresos en el Presupuesto General del Estado (PGE) y consecuentemente algo del déficit”. También sugiere reformular los pasivos con los acreedores. Félix Casares, presidente de Betamétrica, dijo que una parte de las necesidades del fisco se recuperará con la anunciada disminución de la inversión pública.
“Gran parte de la infraestructura e inversión en construcción, carreteras, etc., está hecha, lo que permitirá acortar la brecha fiscal en conjunto con la optimización del gasto público”. El economista y catedrático Guido Macas agregó que se debería considerar “la eliminación del subsidio a la gasolina y la venta de los activos improductivos”, así como la revisión de algunos impuestos.