La reciente creación de empresas y sus millonarias cifras en materia de exportación son, según Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, alertas que permiten deducir una ilegalidad en las actividades de extracción de oro, vinculadas incluso con organizaciones criminales.
Recordó que, cantones como Camilo Ponce Enríquez, en Azuay, se han convertido en una sede de grupos delincuenciales que financian millones de dólares anuales, más allá de las cifras de exportación.
De acuerdo con Orozco, debería existir una mejor trazabilidad para identificar “nudos críticos” y “espacios grises” donde puedan aparecer ilegalidades en la extracción del oro, y su posterior venta a países como India y Emiratos Árabes que, según la investigación de la Revista Plan V, no cuentan con un sistema robusto para filtrar la legalidad de los recursos que ingresan a dichas naciones.
Sin embargo, cuestionó que estructuras ilícitas operen aún en el país, más aún cuando existen sistemas del Estado que otorgan la concesión de la explotación minera, que realizan su monitoreo y exigen informes acerca del material extraído, el personal ocupado y los recursos empleados para dicha actividad.
Precisó que los reportes de producción deben emitirse cada 6 meses, por lo que identificar una duplicación o triplicación en la cifra de exportaciones, debe generar alertas más aún con un catastro cerrado.
“Extracción ilegal es una pata más del sistema criminalístico del país”, dijo.
Mira la entrevista completa
Escucha la entrevista completa
