El manejo de la crisis energética y el severo estiaje
Uno de los principales problemas que enfrentó el país en el año fue la crisis energética, que derivó en apagones cuya duración en su momento, ascendió a 14 horas diarias. A esto, se suman las severas condiciones hídricas que afectaron incluso al suministro de agua potable en ciudades como Cuenca y Quito.
Para Roberto Izurieta, representante del Ecuador ante el BID y exsecretario de Comunicación, el panorama imprevisto en torno a la sequía impidió al Gobierno planificar de manera adecuada el manejo de la crisis eléctrica. Precisó que, entre mantenimientos y otros contratos para mitigar el impacto del déficit de generación, el Ejecutivo ha invertido USD 400 millones, según información del Ministerio de Finanzas.
Recordó que, un proyecto como Toachi Pilatón, que estuvo varios años estancado, entraría en operación la próxima semana, de acuerdo con el anuncio de la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El camino para permitir la inversión privada
Izurieta consideró que una de las principales razones por las que el país enfrenta una crisis energética es la inversión única del Estado en materia de generación, distribución y transmisión. Indicó que, actualmente, Ecuador enfrenta un esquema atado a la Constitución del 2008 que funciona como una “camisa de fuerza”.
“Este concepto en el cual todo es estratégico, por lo tanto, todo es del Estado, es ineficiente y termina con enormes casos de corrupción”, dijo.
De acuerdo con Izurieta, el país no debería desconfiar de la inversión privada, mientras el Estado adopte un rol regulador y supervisor de la calidad del servicio que se suministra. Para esto, destacó la importancia de efectuar cambios a la actual Carta Magna que, consideró, no responde a las principales urgencias de la ciudadanía.
“La construcción legal y administrativa del Estado requiere de profundos cambios, muchos de esos cambios requieren reformas constitucionales. El Estado es lento e ineficiente”, sostuvo.
El exsecretario puntualizó que la estructura del sector público destina inversiones importantes a la clase política que ha “corrompido” el sistema.
“Es, en mi opinión, este marco político administrativo constitutivo que le impide solucionar los problemas (al país)”, finalizó.
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