La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo asegura estar "al borde de la quiebra", ante la falta de respuesta del Gobierno con respecto a los pedidos para incrementar el margen de ganancia del sector, que lleva congelado más de 20 años. En NotiMundo Estelar, Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía, resaltó que el diálogo con este gremio debe abordarse con propuestas lejanas al ámbito político, y sin generar repercusiones a las finanzas públicas.

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Según Avilés, desde el Gobierno, existe la disposición para revisar el margen de ganancia de los distribuidores de derivados del petróleo, como han solicitado los gremios del sector.

No obstante, preció que, trasladar el valor del costo de la transportación de estos bienes a los consumidores, no es una opción viable, debido a que afectaría a la ciudadanía.

La viceministra de Economía destacó que las propuestas alrededor de este tema deben formularse de manera técnica, y no política, puesto a que podrían incurrir en afectaciones a las finanzas públicas.

Por ello, el Ejecutivo exhortó a la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo a presentar su información sustentada en cifras para conocer los valores a los que se podría acceder a un ajuste.

“No hemos cerrado las puertas al sector. Un plantón en Carondelet no hace falta para ser escuchados”, dijo.

Sobre este tema, Avilés consideró que uno de los puntos sobre la mesa es la mejora en la calidad del servicio del gremio, en caso de darse un aumento en su margen de ganancia.

Entre estos, se incluyen la distribución de gasolina de manera limpia, y las garantías de seguridad dentro de las gasolineras.

Falta de solvencia económica en el sector salud

El Ministerio de Finanzas pagó alrededor de USD 16 millones a SOLCA Loja, ante complicaciones reportadas desde la institución por la falta de desembolso del Gobierno para recibir a pacientes derivados del IESS.

Con respecto a la dotación de insumos médicos, Avilés señaló que se trabaja de manera conjunta para levantar procesos por parte de los hospitales, y ser monitoreados por el Gobierno.

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